El mes de julio cerró con un balance de muertos por accidentes de tránsito que obliga desempolvar cifras y estadísticas sobre este tipo de ocurrencia para reafirmar la necesidad de adoptar programas de prevención y disuasión. Dos accidentes, uno ocurrido en La Vega y otro en la carretera que conduce a Samaná, provocaron la muerte de ocho miembros de dos familias. Un informe oficial que publicó este  periódico el 15 de abril de este año indicaba que 7,042 personas perdieron la vida entre 2004 y 2008 por accidentes de tránsito. Esta cifra representa una media de 1,760 fallecidos por año, por la causa señalada. Este índice, lamentablemente, parece haber empeorado.

Para comprender la gravedad de la situación basta citar que la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) estima en 16.9 por cada 100,000 habitantes la tasa de mortalidad por accidente para esta región y nuestro país tiene una tasa de 30.4 por cada 100,000. Solo El Salvador supera este índice, con 31.1 por cada 100,000 habitantes. Es necesario que las estadísticas y los informes sobre la mortalidad por accidentes de tránsito en nuestro país sirvan como herramienta para trazar políticas de prevención que permitan reducir la tasa de mortalidad por esta causa. En nuestras carreteras se maneja de manera libertina, temeraria y hasta suicida, pero es poco lo que hacemos para contrarrestar esta conducta.

Actitudes que deben cambiar

El Colegio Médico Dominicano ha decidido extender hasta el jueves la paralización de los servicios hospitalarios, a pesar de que parece claro que el Gobierno no está en condiciones de complacer este año sus reclamos salariales. Independientemente de voluntades, los ingresos fiscales acusan para este año un déficit de más de 10,000 millones de pesos, y esa podría ser una de las causas de la posición oficial.

Un gesto de buena voluntad sería que el CMD deje sin efecto esta paralización y que el Gobierno acceda a dialogar con sus dirigentes para dejar definida la suerte del aumento que demandan los médicos. Las posiciones inflexibles no ayudan ni a la causa de los médicos ni a la de los pacientes que por razones económicas están obligados a recibir asistencia en los hospitales. La no satisfacción del reclamo de los médicos no deben pagarla las familias pobres, aparte de que, según parece, el método del paro no ha surtido el efecto buscado.