POR TANIA HIDALGO
Con la audición, por tercera ocasión, de la  coordinadora de la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental (Baninter), Zunilda Paniagua, han sido incorporados unos 70 documentos, los cuales avalan una serie de alegadas transacciones irregulares atribuidas a los principales imputados del caso en la entidad bancaria.

Durante la continuación del juicio seguido a los imputados del alegado fraude, Paniagua reconoció unos documentos en los cuales se hacen constar las negociaciones del proceso de fusión entre la Asociación de Ahorros y Préstamos (APAP)  y el Baninter, la cual posteriormente no prosperó.

Al responder preguntas de José Lorenzo Fermín, de la parte civil constituida, la testigo dijo que tres miembros del consejo directivo de la APAP, a espaldas de los demás ejecutivos de la entidad, recibieron más de RD$1,000 millones en certificados de depósitos del Banìnter, fondos que luego tuvieron que retornar al Banco Central, a raíz del escándalo que esto generó.  

Los tres directivos a los que hizo alusión la testigo fueron Angel Rondón, Ricardo Pellerano y Miguel Pimentel.   Previamente, la testigo reconoció documentos en los que figuraban  estados de cuentas y balances en sobregiros de empresas vinculadas como la  Red Nacional de Noticias (RNN), canal 27 y Telecentro, canal 13.

Además, los protocolos de acuerdo para la adquisición de los medios de comunicación de Julio Hazim y Manuel Guaroa Liranzo por parte del ex presidente del quebrado Baninter, Ramón Báez Figueroa.                                                                                                                    De su lado, los  abogados de la parte civil constituida expresaron que  con las declaraciones de la testigo queda claramente establecido que el Banínter fue utilizado por los imputados como un negocio particular.

“Fondos del banco eran utilizados de manera indiscriminada en provecho de empresas vinculadas. Todo lo que se le vendía tanto de los medios de comunicación como fuera de ellos, inmediatamente lo compraban sin verificar el precio que estaba fijando el vendedor, porque tenían las arcas inmensas del Banínter para comprarlas y poder pagarlas”, precisó Lorenzo Fermín, al hablar en representación de  sus colegas de la parte acusadora.

Refirió que todas esas operaciones de compra se hicieron con dinero de los ahorristas del banco, “entiéndase, con fondos del pueblo dominicano. De ahí la importancia de esta incorporación masiva de pruebas”. Agregó que las referidas pruebas demuestran que los imputados, además de violar la Ley Monetaria y Financiera, incurrieron en abusos de confianza  y lavado de activos.

En tanto, los abogados de los acusados reiteraron que la testigo carece de calidad, ya que posee la doble condición de testigo y acusadora, porque forma parte de la comisión liquidadora contratada para investigar la quiebra de la entidad bancaria.

“El juzgador, en su momento, deberá valorar  que ella  (Paniagua) no es una testigo pura y simplemente, sino que es una testigo parcial, por cuanto es representante del querellante”, insistió uno de los juristas.

INCIDENTE

Ante lo monótona y aburrida de la audiencia que se desarrolló en medio del reconocimiento de una serie de documentos por parte de la testigo, el abogado Tony Delgado, en representación de Marcos Báez Cocco, pidió al tribunal variar la temática de acreditación de pruebas, alegando que se están violando los principios de inmediación y de oralidad. 

Dijo que esa fase del proceso se está convirtiendo en una especie de “torneo de lectura”, donde una testigo, en vez de hacer una declaración espontánea ante los cuestionamientos del actor civil, lo que está haciendo es leyendo una serie de documentos  “que ella (Zunilda) no conoce, porque hacen referencia a hechos ocurridos antes de que llegara a formar parte de la comisión de liquidación”.

“El actor civil le presenta el documento a la testigo para que le dé lectura, cuando lo que debe hacer es interrogarla sobre el contenido del documento y el tribunal velar para que la compareciente lo haga de manera espontánea sobre los hechos que mantiene en su memoria y conoce”, refirió Delgado.

El abogado presentó su inquietud ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que tiene a su cargo el conocimiento del caso. El juez presidente Antonio Sánchez Mejía rechazó la petición planteada por Delgado, aunque le hizo la salvedad de que podía objetar la intervención de la testigo cuando así lo entienda de lugar.   A las 7:00 de la noche, el proceso fue recesado hasta el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.