La mujer no nace, la mujer se hace, concluyó la filósofa y escritora Simone de Beauvoir en su obra “El segundo sexo”. Ciertamente la mujer y el hombre son construcciones sociales de quienes controlan el sistema económico y político y dominan la cultura.

En las mujeres, la construcción es hecha para los demás, no de manera servicial o colaborativa, sino impuesta y utilitarista, lo que afecta su autonomía.

Marcela Lagarde, investigadora mexicana, explica que la autonomía de las mujeres se enmarca en el poder y la libertad.

Históricamente, la condición de género y sexo ha influido en que tengan potencialidades de autonomía e independencia anuladas.

En esta carencia de autodeterminación influye la clase. A mayor pobreza material, menor grado de poder y libertad. La misma es sistemática. Parte del acceso a riquezas y recursos, formado de inequidades económicas, políticas y sociales, y se instaura, legaliza y refleja estructural e institucionalmente en la ideología, el arte, el lenguaje y la religión.

En República Dominicana, la negativa a la libertad y la autodeterminación de las mujeres está latente material, institucional y culturalmente. Para muestra un botón: la penalización total del aborto, que evidencia persistencia en controlar aspectos tan íntimos como el cuerpo o la sexualidad de las mujeres.

Muchas se resisten a esta dominación y entonces, las más pobres, expuestas a embarazos no deseados por sus precarias condiciones socio-económicas, que incluyen la falta de educación sexual, recurren al aborto ilegal e inseguro, arriesgando su vida y salud.

La Organización Mundial de la Salud indica que la mortalidad materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto.

República Dominicana está entre los latinoamericanos o caribeños, de los nueve del mundo, donde no se permite el aborto ni siquiera cuando peligra la vida de la madre (junto con Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam).

Esta prohibición incide en las altas cifras de mortalidad materna del país. Estadísticas indican que en el 2013 el aborto representó la cuarta razón de muerte por causas obstétricas y Salud Pública sitúa las complicaciones en el aborto entre las causas principales de mortalidad materna.

Ante este panorama, urge cumplir con la laicidad del Estado establecida en nuestra Constitución y el principio democrático de la representatividad política y la soberanía, que corresponde al pueblo, no al clero.

Los legisladores deben legislar a favor de las mujeres, no para complacer a las cúpulas de las iglesias.

Recientemente fueron llevados al Congreso los proyectos de ley “Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, y “El Derecho a una Vida Libre de Violencia”. Este último fue reintroducido.

Es importante que ambos sean discutidos y aprobados. Un paso importante en el largo, pero necesario, camino hacia la libertad de las mujeres y a la preservación y dignificación de sus vidas.