Mujer, ciudadanía y política

Mujer, ciudadanía y política

ALEXANDRA IZQUIERDO
La participación de la mujer en los partidos y en la conducción de los asuntos públicos es uno de los grandes temas de la política en América Latina. También lo es en República Dominicana, donde si bien se han registrado avances, estamos aún lejos de alcanzar un grado de desarrollo político y democrático que nos permita considerar que tenemos un Estado que asume la construcción de la democracia con una perspectiva de género. Se trata de un tema complejo y no basta superar la actitud conservadora que pretende reducir esta vital cuestión etiquetándolo como un asunto de “feminismo caricaturizado” que presenta todo el debate como una pretensión de grupos de mujeres díscolas cuyo principal objetivo es un cambio de roles en el que la mujer sustituye al hombre.

No se puede negar que hemos obtenido logros importantes. Las encuestas sobre cultura política nos dicen que mientras en 1994 más del 50% entendía que la política era cuestión de hombres, en el 2001, sólo siete años después, un 29% seguía manteniendo ese criterio tan anacrónico. Estos estudios encontraron que ha crecido también la aceptación de que la mujer debe participar en política en igual condición que el hombre, ya que en 1994 sólo el 50% aceptaba esto y en el 2001 el 70% estuvo de acuerdo con esa posición.

Igualmente es auspicioso que en ese período se registrara un aumento significativo de la confianza en la capacidad y la honestidad de la mujer para ocupar cargo electivos. Incluso, aumentó del 13% al 28% quienes creen que la mujer tiene mayor capacidad para gobernar que el hombre.

Todo esto nos indica un cambio de actitud, pero este avance no se ha reflejado en la misma proporción en la política, y estamos muy lejos aún de afirmar que ha desaparecido la visión excluyente que reduce el espacio de participación de la mujer y obstaculiza su presencia en puestos directivos de la política y de los asuntos públicos, y además, limita la posibilidad de promover un desarrollo democrático que incluya la perspectiva de género en el manejo de los asuntos públicos. En teoría, los asuntos de Estado y las políticas públicas afectan por igual a ambos sexos, pero en la práctica estas decisiones los afectan de forma diferente.

La legislación dominicana protege por igual a hombres y mujeres, pero por ejemplo, al hablar de violencia conyugal, la mujer que acude a la autoridad no recibe el mismo trato ni se actúa igual que cuando es el hombre que presenta una queja.

Generalmente en nuestro medio la mujer tiene que esforzarse más que sus compañeros varones y las estadísticas muestran que reciben salario más bajos.

Por eso podemos hablar de la igualdad “teórica” que garantiza la ley a todos los ciudadanos independientemente del género. Todos somos iguales, pero en muchos ámbitos, incluyendo la política, el hombre aún es “más igual” que la mujer.

El camino para cambiar una realidad que afecta a la mitad de los ciudadanos, que son mujeres, es trabajar para construir una democracia que asuma el desarrollo social con una perspectiva de género.

Es positivo el avance logrado con la legislación y las reglas partidarias que establecen cuotas para la mujer, pero para que éstas adquieran significado es necesario que la mujer sea consciente sobre el poder de su presencia cuantitativa en la política. El 50% de los electores son del sexo femenino.

Sólo un aumento significativo de la presencia de la mujer en la política logrará que avancemos hacia una democracia que acepte una perspectiva de género. Y ese crecimiento necesita cientos, miles de mujeres militantes con formación política y capacitadas para el liderazgo, dispuestas a hacer valer las cuotas de participación que ya existen y a ampliar los espacios de participación existentes y a crear otros nuevos.

No debe dejarse a las cúpulas partidarias la responsabilidad de formar esa nueva generación de mujeres políticas. Para esto es necesario sumar el ímpetu positivo de las universidades, las organizaciones sin fines de lucro y todas las instancias de la sociedad civil comprometidas con el crecimiento de la democracia en nuestro país.

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