POR LLENNIS JIMÉNEZ G.
Dolphy Angelina González vive para contarla, pero su testimonio más escalofriante es el que narra, que al despertar en el hospital y verse sin sus manos, pensó que lo mejor era morir. Cuando su ex marido le tiró el primer machetazo en la cabeza, usó las manos para protegerse.

Antes de llorar y sufrir la terrible noticia de que la jueza Sarah Veras dispuso la libertad bajo fianza de su agresor, recientemente, la lastimó la realidad de que desde el 24 de noviembre del 2006, no puede ayudar a su hijo a realizar las tareas.

La joven mujer, de 19 años de edad, tampoco puede entender el incierto futuro que le espera, puesto que con la mutilación de sus manos, perdió el oficio de peluquera. Su caso es ahora más dramático: tiene que enfrentarse a la justicia para tratar de convencer a una jueza de que lo mínimo que puede aspirar es a ver en la cárcel al hombre que le tronchó su vida y no tiene dinero ni siquiera para comer.

González no cuenta con parientes con recursos para costear los gastos suyos y de su hijo de tres años y los RD$8,000 que le regaló el Despacho de la Primera Dama, se le terminaron.

Verse sin movimiento en sus manos conlleva a preguntarse, por qué el destino se ensaño con ella. Su dolor se agiganta al razonar que no quiere que su niño sepa que su padre, Gregorio Martínez Cuevas, quiso asesinarla.

Afirma que las veces que su hijo le pregunta qué le sucedió a sus manos, le responde que sufrió una quemadura. Marys Valenzuela, la abogada que la SEM proporcionó a la joven, declaró ayer que van a recurrir la sentencia de la jueza Veras, que ordena la libertad bajo fianza del hombre que casi mata a la madre de su hijo. La directora del Departamento de No Violencia de la SEM, Clara Luna, declaró que ha estado dando seguimiento al caso de González, desde el mismo momento que ocurrió. «La SEM tomó este caso como emblemático por las condiciones que lo han rodeado».

La mujer que estudió hasta primero del bachillerato y que con un secador se preparaba para independizarse, montando un pequeño salón de belleza en su casa, recibió tantos machetazos en todo el cuerpo, que se desangró.

Como había perdido casi toda la sangre, los médicos no querían operarla. Con una arriesgada cirugía lograron colocarle las manos y cada día es sometida a terapia. Pero no hay esperanza de que con la segunda operación pueda volverlas a mover. Lloró porque ella era la que mantenía a sus padres.

PENA MÁXIMA

González es una muchacha pobre. Sin embargo, en este momento lo más importante para ella no es el dinero, sino el daño que causado. Dijo que quiere que su ex marido sea castigado con 30 años de prisión, porque como la dejó, es lo mismo que si estuviera muerta.

Cuando sus manos no le sirvieron para frenar a su agresor, en el callejón que éste la atrapó, las demás heridas las recibió en la cabeza, los brazos y otras partes del cuerpo.

La extraordinaria fuerza que ha tenido para levantarse ha sido gracias a la ayuda psicológica del personal de la SEM y al respaldo recibido por las mujeres de las organizaciones no gubernamentales que la entidad convocó para que la acompañen en los tribunales.

Luna y la abogada Valenzuela quieren que el país se mantenga al tanto de este hecho y cuestionaron los distintos reenvió que la justicia ha dado. Deploraron que la jueza Veras, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitiera la libertad bajo fianza del victimario, en una audiencia que aseguran que no fue notificada.

La magistrada Veras señaló en su decisión, que modificó la medida de coerción porque venció el plazo de los 12 meses de prisión preventiva que otorga el Código Procesal Penal antes de enviar un imputado a un juicio de fondo. Su medida establece también que la garantía económica de RD$7 millones aplicado al acusado deberá ser pagada en efectivos, antes de obtener la libertad.

No obstante, las funcionarias de la SEM manifestaron que no entienden los argumentos de la magistrada Veras para variar la medida de coerción. Advirtieron que la libertad de Martínez Cuevas es una amenaza para González, por lo que ésta teme que el decorador de 24 años, termine de acabar con su vida.

«Dándole a este hombre la libertad con esta garantía económica, no se tomó en cuenta las condiciones iniciales que dieron resultados para que se tomara como medida de coerción, la prisión preventiva», señaló Luna, tras indicar que la jueza debe considerar que el peligro que ofrece el hombre, no ha variado.

LA HABÍA VIOLADO

La joven contó que estuvo de tres a cuatro año de unión marital con Martínez Cuevas y que se separó de él porque la agredía. Dijo que una vez la violó sexualmente y que cuando se querelló en el destacamento del kilómetro 9 de la autopista Duarte, tuvo poca ayuda, incluso, cuando volvió a darle seguimiento al caso, le dijeron que el documento se había perdido.

Expresó que tenía ocho meses que no se relacionaba con su ex porque la golpeó en un ojo y le cortó los cabellos. González indicó que el hombre la cortó cuando iba en compañía de su novio y dos jóvenes más. «Mi novio tuvo que tumbarlo con una piedra para quitarle el machete, sino tuviera muerta».

González no cree que vaya a morir de hambre, aunque lamenta que no podrá trabajar para su hijo, ni le será fácil salir de la pobreza en que está en el sector Los Praditos de esta capital.

Fiscalía apelará

La fiscal adjunta Catalina Bueno, de la Unidad de Atención y Prevención de Violencia de Género de la fiscalía del Distrito Nacional, declaró ayer que apelará la decisión de la jueza del Segundo Tribunal Colegiado, Sarah Veras, quien dispuso la libertad de un hombre acusado de cercenar las manos a su compañera sentimental, tras fijarle el pago de una garantía económica de siete millones de pesos.

Gregorio Martínez Cuevas, de 24 años, fue sometido  a la justicia, acusado de cometer el hecho en perjuicio de Dolphy Angeline González Valdez, de 19 años de edad.

Luego de las pesquisas realizadas por la fiscalía, el imputado fue enviado a prisión preventiva, medida de coerción dispuesta por el Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional y ratificada por la Corte de Apelación de esa jurisdicción.

El Ministerio Público presentó querella formal en contra del imputado el 14 de febrero del pasado año 2006, dos meses y nueve días antes de cumplirse el plazo previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal, según el cual la investigación puede extenderse hasta por tres meses, luego de dictada prisión preventiva, como medida de coerción.

El hecho  se produjo  el 25 de noviembre de 2005, en el callejón H del sector Los Praditos, en esta  capital.

El juicio de fondo está pendiente de conocimiento en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.