La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Santiago Rodríguez solicitaron que se imponga prisión preventiva en contra de un hombre y una mujer que administraban un negocio destinado a la comercialización y explotación sexual de mujeres y menores de edad.

En la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez el Ministerio Público solicita que se imponga la medida privativa de libertad en contra de Mercedes Báez y de Isidro Antonio Jáquez Valerio (Megateo), ambos arrestados en flagrante delito, mediante orden judicial y de allanamiento, ejecutada en el cabaret El Bujucal o Buhucal. En el lugar fueron rescatadas 5 víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger su identificación.

El Ministerio Público le atribuye a los imputados incurrir en trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, en violación a varios artículos de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como en proxenetismo, contenido en los artículos 333, 334, 334-1, del Código Penal Dominicano, y abuso contra niños, niñas y adolescentes, contenido en el artículo 396, letras B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La PETT detalla en un comunicado de prensa que se encuentra inmersa en un proceso de investigación que surge en razón de una denuncia recibida a través del Centro Recepción de Denuncias de la Fiscalía de Santiago Rodríguez, el pasado 1 de marzo, mediante la cual se informó sobre la desaparición de una mujer que salió de su vivienda en San José de las Matas, en el mes de diciembre del año 2022, la cual posteriormente se estableció que se encontraba en el citado establecimiento, de donde fue rescatada junto a un hijo de un año de edad, otra mujer y su hijo de nueve años, y una adolescente, quienes también se encontraban en el lugar.

Según se determinó en la investigación, los servicios sexuales eran ofrecidos por montos de RD$300.00 para el de paso y de RD$500.00 para el de salida.

La solicitud de medida de coerción detalla que la imputada mantenía en cautiverio a la víctima y madre del niño de un año, a la cual amenazaba, le retenía sus documentos y no le permitía usar el celular ni comunicarse con sus familiares, además de que la explotaba sexualmente, alegando la indicada imputada que la mujer le adeudaba un dinero, específicamente la cantidad de 15 mil pesos.

Además, se estableció que la imputada Báez trató de vender al infante hijo de la citada víctima por 200 mil pesos.

De acuerdo a testimonios de las afectadas, en el lugar también trabajaban como empleadas del establecimiento dos menores de edad.

Durante el allanamiento al local fueron ocupadas mascotas, todas con apuntes con nombres y números que indican deudas, preservativos con su envoltura, dinero en efectivo, una alcancía de color azul oscuro con figura de un cerdo, la cual contenía monedas de cinco pesos dominicanos con un total de RD$2,850.00, cigarrillos, juguetes sexuales, un puñal de acero de color plateado, varios cuchillos, machetes, tijeras y martillos, así como una máquina tragamonedas, teléfonos celulares, tabletas y documentos personales.

Al momento del allanamiento en el centro de expendio de bebidas alcohólicas fueron sorprendidos varios clientes utilizando los servicios que se ofrecían en el lugar y unas 10 mujeres en condición de servidoras sexuales, entre ellas, una menor de edad de nacionalidad haitiana, quien dijo tener 17 años de edad y que tenía en dicho establecimiento dos años trabajando. Además, se encontraba un menor de edad de unos 9 años, quien vivía en el lugar en compañía de su madre, también víctima de explotación sexual.

La solicitud de medida de coerción está sustentada con diferentes pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales que comprometen la responsabilidad penal de los investigados.

El Ministerio Público solicita al Juzgado de Atención Permanente de Santiago Rodríguez fijar audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Báez y Jáquez Valerio.