Es innegable que estos tiempos que vivimos son extremadamente difíciles. En sentido general, la humanidad vive una época post pandémica que generó una crisis sanitaria con gravísimas consecuencias económicas. Lo peor es que no habíamos terminado de superar ese momento cuando surgió otro acontecimiento preocupante: la invasión de Rusia a Ucrania.

Las consecuencias de ambos hechos han sido nefastas, con implicaciones muy lamentables en temas como los desplazamientos humanos, el precio de los “commodities” o materias primas, la inflación y la escasez de alimentos.

En este contexto, es lógico y entendible que las agendas gubernamentales se centren en el tema económico, como lo hicieron en el tema sanitario ante el COVID-19. Máxime cuando hay pronósticos tan negativos como el de hambruna mundial, hecho por la FAO, o de recesión y decrecimiento de hasta las principales economías del mundo, tal cual acaba de hacer el FMI en su más reciente informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales.

En el caso de República Dominicana, un país con una economía que en los últimos 25 años ha tenido un crecimiento promedio del 5% de su PIB, ante este contexto tan desafiante, el Gobierno ha optado por una política de subsidio en sectores como combustible, turismo, fertilizantes y más recientemente tarifa eléctrica, lo que pudiera significar que para los próximos años, dado que el presupuesto tiene un tope y que ha quedado descartada la reforma fiscal como forma de aumentar las recaudaciones, se sacrifique entonces la inversión social (mal llamada gasto).

Pero no se debe olvidar dos temas del área social que son de vital importancia: las mujeres y la infancia. Con ambos sectores hay una deuda histórica y estructural acumulada que hace que en este contexto sean sumamente vulnerables, por lo que también deben ser priorizadas.

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Con respecto a las féminas, es preocupante lo que ha pasado en estos primeros siete meses del año. Más de 43 feminicidios, muchos de ellos como el de Maribel Cuevas Santana, de 18 años, que hasta grabó un video pidiendo ayuda y advirtiendo de su futuro feminicida; mortalidad materna; cierre de legislatura sin modificación del Código Penal para incluir las tres causales, entre otros temas.

Mientras que en el caso de la infancia, se mantienen los desafíos en términos de cobertura e inclusión en centros de atención gratuitos para la primera infancia, especialmente la de menos recursos económicos; de calidad educativa; mortalidad neonatal, etc.

De ahí que sea preciso que aunque tanto el presupuesto reformulado o complementario que se presentará en los próximos meses, como el del 2023, sean restringidos, incluyan el aumento obligatorio de la inversión que el Estado dominicano hace en mujeres, niños y niñas.

De esto dependerá que se rompa el círculo vicioso y que pronto comencemos a transitar el camino de la esperanza de tener mujeres vivas, sanas y seguras y una infancia viva, bien nutrida y estimulada, condiciones ambas sine qua non para tener en el presente y en el futuro una República Dominicana mejor y más justa.