ROSARIO ESPINAL
En las últimas décadas, muchos países han intentado mejorar la representatividad de sus sistemas democráticos. Un aspecto importante para lograrlo ha sido elevar la participación política de las mujeres, sobre todo, después que el discurso de equidad de género tomó importancia en los años ochenta y se reafirmó en la conferencia de Beijing en 1995.

Ante la evidencia de escasos avances, se abandonó la idea de que el tiempo y el progreso lineal ajustarían de manera natural los niveles de participación política entre mujeres y hombres. Sin leyes y acciones concretas no se lograrían cambios significativos.

En los debates y las reformas en el campo político, un tema central ha sido la cuota femenina de candidaturas electorales.

Los primeros países en establecerla y lograr su propósito fueron los escandinavos. Luego se adoptó en varios países latinoamericanos. Argentina fue el primero en hacerlo en 1991 y República Dominicana la introdujo en 1997.

En general, los cambios económicos, culturales e institucionales que se produjeron en muchas naciones en las últimas dos décadas, contribuyeron a aumentar la presencia de mujeres en cargos políticos. El aumento en algunos países, como Argentina y Costa Rica, fue significativo.

Por ejemplo, mientras en 1990 el promedio de representación femenina en las cámaras bajas de América Latina era 9%, para el 2002 había alcanzado 15%, y actualmente se ubica alrededor del promedio mundial de 17%.

Para la República Dominicana, en las elecciones de 2006, las mujeres alcanzaron 19.6% de las posiciones en la Cámara de Diputados y 27.2% en las regidurías, en ambos casos la cuota establece un mínimo de 33%. En el Senado, donde no se aplica la cuota, la representación femenina es sólo 6.2%.

Entre las elecciones de 1998 y 2006, la representación femenina en la Cámara de Diputados aumentó 2.9%, lo que sugiere que podría tomar unos 25 años más para que las mujeres dominicanas consigan el 33% mínimo que establece la ley electoral actual.

El caso de Chile, donde no hay ley de cuota y, por tanto, la representación femenina en el Congreso es baja, constituyó un hito que Michelle Bachelet nombrara mujeres en la mitad de los puestos de su gabinete al asumir la Presidencia en marzo de 2005.

En República Dominicana, la presencia de mujeres en el gabinete es mínima, con sólo tres secretarias de Estado restringidas a la educación y asuntos de la mujer.

Encuestas de opinión pública realizadas en diversos países de América Latina, incluida la República Dominicana, registran cambios favorables hacia una mayor participación de las mujeres en la política. Esto es muy importante y ha servido de fundamento para facilitar algunos cambios institucionales y políticos.

Pero para acceder al poder público, además de cambios de opiniones, se necesitan condiciones institucionales favorables.

En política hay dos factores cruciales que ayudan o desayudan a promover la participación de las mujeres: las características de los partidos y la legislación electoral.

Los partidos son cruciales para fomentar el acceso y avance de las mujeres en las estructuras de gobierno porque a través de ellos se accede al poder.

Lamentablemente, los partidos se han caracterizado por ser organizaciones sexistas, donde las mujeres han tenido un liderazgo minoritario y secundario con respecto a los hombres.

La ley de cuotas los ha obligado, muchas veces a regañadientes, a cumplir con un mínimo de representatividad de las mujeres. Pero una vez se establecen disposiciones contradictorias a la cuota, como ocurre con el voto preferencial, los partidos quedan en libertad de apoyar más sus candidatos masculinos, excepto en casos especiales cuando quieren elevar la visibilidad de algunas mujeres y dar la sensación de equidad.

Para asegurar el avance de las mujeres en el campo político, es preferible tener partidos institucionalizados y de ideología igualitaria que personalistas y clientelistas, donde los puestos a las mujeres se asignan de manera caprichosa.

Actualmente, el nuevo giro en América Latina hacia una excesiva personalización de la política presenta grandes desafíos para las mujeres.

En la medida que se resquebrajan los sistemas de partidos, se disminuyen las posibilidades de lograr avances sistemáticos a favor de las mujeres, porque cuando los partidos colapsan y son sustituidos por líderes mesiánicos, las mujeres quedan a expensas de las preferencias o arbitrariedades de esos líderes.

Por razones de igualdad humana las mujeres tienen igual derecho que los hombres a participar en la política, independientemente de lo que hagan bien o mal en el gobierno. No hay que olvidar que de horrores cometidos por hombres está llena la historia.

Pero, por la exclusión ancestral de las mujeres del mundo público, es necesario que las mujeres entiendan que deben asumir sus obligaciones públicas con las mayores exigencias de cumplimiento eficaz en sus funciones, porque en la práctica serán evaluadas no sólo como políticas, sino también como representantes de las mujeres.