Juan María Ramírez 
Decenas de mujeres y jóvenes reclamaron ayer, frente a la Procuraduría General de la República (PGR), justicia y reparación por el feminicidio contra Paula Santana Escalante, asesinada el pasado 21 de febrero en la zona franca internacional de Las Américas, donde laboraba para Oscor Caribe Interger Holding.
Manifestaron que ante las recientes noticias del archivo de las causas contra Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), por supuesta falta de pruebas, los manifestantes solicitaron a la PGR que asigne un fiscal especial para el esclarecimiento y presentación de los responsables del hecho.
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Enfatizaron sobre la responsabilidad de la empresa, ya que operaba sin los permisos necesarios y en condiciones irregulares.
Señalaron que la violencia y explotación eran constantes, lo que costó la vida a Paula Santana, pero que el riesgo sigue hasta que no haya una transformación a favor de las empleadas.
Rosa Rijo, integrante de Ceduca y vocera de la actividad, recordó que, según datos del propio presidente Luis Abinader, al cierre de 2023 existían 830 zonas francas en operaciones distribuidas en 87 parques, que generaban 197 mil empleos directos, de los cuales el 53 % es mujer y que la ganancia de esas empresas aportaron 3.3 % del PIB en 2022.
“Es responsabilidad de las autoridades del Gobierno, pero también de los dueños y gerentes de estas empresas, asegurar condiciones de salud, seguridad y desarrollo para sus empleadas”, señaló Rijo.
Recordaron que el propio concepto de feminicidio se acuñó después de los asesinatos masivos que sucedieron en Ciudad Juárez México, que comenzaron en la década de los 90 y por los cuales el gobierno de México fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
