Hoy 
La reforma constitucional producirá ganadores y perdedores. Por los artículos aprobados, se perfilan ganadores los políticos y la jerarquía de la iglesia católica. Los perdedores podrían ser las mujeres, los creyentes no católicos, los homosexuales y los hijos de inmigrantes indocumentados.
El texto constitucional que se avizora mantendrá la reelección presidencial; será indefinida y no consecutiva. Leonel Fernández, Hipólito Mejía y cualquier otro presidente futuro podrá aspirar a reelegirse eternamente.
Los legisladores, síndicos y regidores mantendrán el derecho a la repostulación, y además, permanecerán seis años en sus posiciones cuando sean electos en el 2010.
La jerarquía de la iglesia católica se anotó dos victorias la semana pasada: que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, y que los matrimonios en religiones no católicas carecen de validez legal.
El famoso Artículo 30 sigue en pugilato: algunas iglesias quieren una Constitución que consigne la vida desde la concepción y torne delictivo todo aborto, mientras diversos grupos sociales reclaman una definición que permita el derecho a la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida para la madre o violación.
Por su parte, los llamados nacionalistas lograron que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano no reciban la nacionalidad dominicana. La mayoría de esos niños son descendientes de haitianos.
Si alguien soñó que la Constitución de 2009 expresaría tendencias democráticas inclusivas, que despierte ya.
La nueva Constitución sentará las bases para mayor exclusión social de las mujeres, desigualdad de derechos religiosos, homofobia y xenofobia. Veamos algunos ejemplos.
Las mujeres dominicanas de clase alta podrán interrumpir su embarazo en otro país donde sea legal. Las pobres tendrán que someterse a abortos ilegales, inseguros y riesgosos con efectos nefastos para su salud física y emocional.
Los creyentes no católicos (metodistas, adventistas, bautistas, luteranos, evangélicos, mormones, judíos, musulmanes, budistas, y demás) tendrán que seguir celebrando matrimonios apartes, porque el Estado dominicano no reconocerá valor legal al acto religioso.
Entre las razones argüidas se cita que son muchas iglesias. Pero si el Estado dominicano las reconoce legalmente, también podría reconocer sus matrimonios, como hace con los católicos. O más democrático aún, debería separarse el matrimonio civil del religioso, de manera que cada religión realice sus ritos matrimoniales sin efecto legal.
Los homosexuales han estado totalmente ausentes en los debates constitucionales. El gobierno incluso les dificulta celebrar actividades públicas en el mes de junio, conocido mundialmente como el mes del orgullo gay por las protestas de Nueva York en 1969.
En el tema de la nacionalidad la situación es particularmente trágica. La República Dominicana ha permitido por décadas una migración masiva y desordenada de trabajadores haitianos para satisfacer las demandas de mano de obra barata del empresariado y el Estado dominicano.
Si el país no quiere haitianos, que impida su paso por la frontera e imponga sanciones a los empleadores, incluido el gobierno que los utiliza en cañaverales y construcciones.
Lo que no se debe, porque es una grosera violación a los derechos humanos, es permitir el ingreso de haitianos, emplearlos, dejar que vivan en territorio dominicano, y negar la nacionalidad a sus hijos nacidos y criados en República Dominicana.
La disposición constitucional aprobada aumentará los resentimientos sociales y dejará desprotegida un amplio segmento de la niñez dominicana.
Propagar que la República Dominicana es soberana para establecer sus leyes, mientras se niegan garantías básicas a grupos enteros, desdice mucho del país y de su compromiso con los derechos humanos.
La Constitución en una democracia se reforma para afianzar y ampliar derechos ciudadanos, no para restringirlos o negarlos, como hará el texto constitucional que sometió el presidente Leonel Fernández y se presta a aprobar la Asamblea Revisora.
