EFE 
Montevideo. El expresidente de Uruguay y actual senador, José Mujica, consideró hoy “inusitado” que la Justicia uruguaya aparezca, a su juicio, como “juez y parte” en el conflicto salarial que enfrenta a los funcionarios judiciales con el Gobierno.
El Ejecutivo del actual mandatario, Tabaré Vázquez, apelará la sentencia que lo obliga a pagar a cerca de 4.000 funcionarios de Justicia un reajuste salarial que equipare el aumento de sus sueldos con el decretado para los ministros de Estado en 2010, anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas del país, Danilo Astori.
En este sentido, en una entrevista con Radio Espectador, Mujica (2010-2015) se mostró a favor de apelar el fallo, y poder encontrar “alguna salida” antes de la difusión del Presupuesto Nacional, que será remitido al Parlamento con fecha límite el 31 de agosto.
La jueza de lo civil de Montevideo Josefina Tommasino Ferraro falló el pasado martes a favor de la Asociación de Funcionarios de Justicia de Uruguay (AFJU), que reclamaba un aumento salarial del 26 % con base en la ley 15.750.
Esa norma establece la vinculación de los sueldos de los altos funcionarios judiciales con los de los ministros de Estado, cuyo incremento salarial decretó en 2010 el Gobierno del entonces presidente José Mujica.
Para el Gobierno, estos pagos extra supondrían un gasto de 60 millones de dólares anuales, para lo que no tiene presupuesto, por lo que a finales de 2014 el Senado aprobó un proyecto de ley que ajustó las retribuciones al Poder Judicial al 8 %, menor al 26 % que demandaba la AFJU.
En opinión de Mujica, “es muy natural” que “los señores funcionarios” apelen a un aumento y “es probable que sea hasta justo”, pero criticó el procedimiento llevado a cabo.
“Por más legalidad que se tenga, eso de aparecer como juez y parte en un conflicto de carácter salarial resulta francamente inusitado”, agregó.
Este jueves, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantuvieron una reunión con Vázquez para tratar este y otros asuntos, como la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), aprobado a finales del año pasado y que comenzará a regir en 2017.
