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Siendo posible que en República Dominicana algunos dictámenes de la Suprema Corte podrían ser objeto de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, cobran particular significación las observaciones que responsabilizan al Ministerio Público del derrumbe del expediente comenzado en el 2017 sobre sobornos que habría pagado a funcionarios la constructora Odebrecht. La suposición de que se trataba de un procedimiento correctamente estructurado fue extinguiéndose con el paso del tiempo, excluyendo inculpados, descartando pruebas, incurriendo en omisiones investigativas que fortalecieran los cargos hasta caer ahora en el vacío de lo que no sirvió para nada.
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Así lo estiman, con conocimiento de causa y autoridad para valorar la Fundación Institucional y Justicia, Finjus, y Participación Ciudadana. Finjus considera que todo cuanto ha hecho la Segunda Sala Penal de la Suprema es confirmar que el encausamiento estuvo mal instrumentado. «Una muerte anunciada». Unas falencias visibles con divulgaciones tempranas sin que se procurara subsanarlas desde el Ministerio Público y en el proceso de Instrucción. Entiende que la Suprema, fundamentalmente, está para garantizar derechos. Al reclamar una explicación del órgano actuante y llamado a defender el interés público, acogiéndose al ordenamiento jurídico, Participación Ciudadana estimó que la Justicia ha fracasado en reducir la impunidad con una mayor cuota de responsabilidad para el Ministerio Público. Y efectivamente: de varias maneras la sociedad dominicana está mostrando inquietud con este capítulo aparentemente final del caso.
