En alarma círculos ambientalistas de alerta constante por la coincidencia de severos daños a parques nacionales que van desde una renacida presencia de ocupantes ilegales, nuevos y viejos, que sustituyen arrasantes con usos agrícolas y ganaderos la más rica biodiversidad del Caribe que es Valle Nuevo, punto de partida de caudales que alimentan reservas de agua irremplazables y aparentemente condenada a la extinción; al tiempo que granceras en impunidad depredan los bordes del Río Yaque del Sur.
A considerable distancia de estas devastaciones, dos de los segmentos más vulnerables del río Yuna y su cuenca hidrográfica, fundamental para que existan otros ríos, reciben el permanente azote de más de doce retroexcavadoras operando sobre lechos y riberas.
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Núcleos ciudadanos sensibilizados con estos rumbos hacia consecuencias impredecibles para el grueso de los patrimonios fluviales y suelos fértiles apelan a dramáticas exposiciones por medios de prensa para advertir que ha llegado la hora (y ojalá que no sea demasiado tarde) de frenar los crímenes ecológicos que amenazan el futuro de áreas protegidas. Expectantes, vehementes defensores de la causa ambiental recurren públicamente al Poder Ejecutivo en solicitud de su directa intervención protectora. Procedería anexar para otras reacciones enérgicas, la suerte negra que por mucho tiempos han corrido los ríos Ozama e Isabela; el Haina contaminado y desafortunado y el agonizante Higuamo de la porción Oriental.