En principio el Estado persiguió las bancas de “caraquita”, pero la complicidad de las mismas autoridades represivas  hizo que se multiplicaran de tal manera, que el fisco decidió incluirlas entre sus fuentes de ingresos. Desde entonces son empresas legales multiplicadoras  del vicio y, en esa virtud, el país se ha convertido  en un paraíso del juego de azar, con un número en constante crecimiento de bancas de lotería que ya sobrepasa con mucho el de otros establecimientos, como colmados, por ejemplo. De la banca del Estado -la Lotería Nacional- que nació con fines filantrópicos que poco a poco fueron desechados, se pasó a la “socialización” de los multiplicadores del vicio.

La influencia de estas “empresas” es tan grande, que el Congreso desistió de gravar sus operaciones para costear un aumento de sueldo para los médicos. Ahora están en confrontación con la Lotería Nacional que, según se denuncia, ha emitido un número tan grande de franquicias, que ha motivado la queja de las bancas ya establecidas. Algo obvio es que el país no soporta ya más centros de juegos de azar y que el fisco no puede ser socio en operaciones que succionan los ingresos de los pobres, que juegan lo que no tienen  soñando con llegar a tener. Es preciso que el Estado  modifique las normas y requisitos mediante los cuales se autoriza estos establecimientos. No podemos seguir sembrando vicio.

Una sugerencia a tomar en cuenta

El tema del aborto ha sido uno de los más debatidos en el proceso de reforma de la Constitución. Su delicadeza tiene aristas científicas y religiosas que no han logrado armonizar. El vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, sugiere que ese tema sea excluido de la reforma a la Constitución y que se le deje en el ámbito del Código Penal, como está establecido. Es una sugerencia que merece ser tomada en cuenta.

Que se saque el tema del aborto de la Constitución no significa renunciar a debatirlo a profundidad y llevarlo a un contexto que pueda armonizar  pareceres. Se trata de una materia que tiene que ser definida y consignada en nuestras leyes, aunque las circunstancias actuales, de contradicciones, obligan a una valoración más profunda de conceptos. La definición del momento en que empieza la vida sí debería constar en la Constitución. La Asamblea Revisora debería buscarle lugar en su agenda a la propuesta del Vicepresidente.