MORATALLA, España.  AP.  En este pueblo en la ladera de una colina, coronado por un castillo medieval y rodeado de olivares, los 120 trabajadores municipales no reciben paga desde mayo.

La policía tiene órdenes de no usar sus patrullas a menos que reciba denuncias de un accidente de tránsito o un delito en marcha.  La piscina municipal está cerrada pese a que se registran temperaturas superiores a los 40 grados centígrados  a la sombra. Las tarifas para la guardería pública se han duplicado. Las cuentas del agua subirán pronto un 33% y los propietarios de los comercios locales están furiosos por los nueve millones de euros   en cuentas que debe la municipalidad, en gran parte a ellos. 

Las 8,115 municipalidades españolas están afectadas por las deudas que contrajeron después de dos décadas de vacas gordas que supuso el auge de la construcción antes de estallar la burbuja en el 2008.  Las autoridades de Moratalla creen que son las primeras en España en declarar públicamente que su municipio está al borde de la bancarrota, y que el único modo de evitarlo es un programa sin precedentes para reducir   los servicios mientras  suben los   impuestos.