Nunca el Sistema Nacional de Areas Protegidas se había visto en peligro como en los actuales momentos en que el Senado de la República aprobó cambios al proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas y modificaciones a límites de los principales parques nacionales.

En ocasiones se había advertido sobre la posibilidad del desmantelamiento de las áreas protegidas por intereses privados foráneos y nacionales, sin el respeto a las riquezas naturales y ecológicas las cuales han costado un inestimable esfuerzo para la sociedad dominicana.

También de empresas que tratan de agenciarse a través del Poder Ejecutivo, en ocasiones como pagos de favores políticos, áreas notables de zonas protegidas, sin ningún reparo en cuanto al interés nacional de preservar los ecosistemas.

Para atesorar un vasto patrimonio natural se han requerido más de setenta años, desde la creación del Vedado del Yaque, la primera área protegida en la legislación moderna dominicana, además del acopio de investigaciones de reconocidas instituciones científicas y las luchas de entidades ambientalistas, hasta la aprobación de la ley 64-00 o Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales lograda en agosto del año 2000.

Organismos multilaterales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advierten que en la mayoría de los países subdesarrollados, incluyendo la República Dominicana, existen muchos obstáculos, que no son ténicos sino políticos, para la conservación de las especies de la flora y la fauna, y las áreas protegidas.

En el caso de la República Dominicana uno de los problemas más significativos es la especulación inmobiliaria que amenaza áreas protegidas mayormente con litorales costeros.

Casos como ese son frecuentes a medida que intereses políticos y económicos se aprovechan de la debilidad institucional, mucho más en tiempos electorales donde los gobiernos tienen que atender compromisos por más descabellados que sean.

Ahora el Senado de la República en desmedro de esos esfuerzos y sacrificios de la sociedad dominicana para la creación del Sistema de Areas Protegidas, ha aprobado las modificaciones sugeridas por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Asuntos Ecológicos de ese hemiciclo, la mayoría de las cuales son consideradas el resultado de una mala asesoría y falta de consenso técnico.

Por ejemplo, no es posible que actualmente, cuando la tendencia mundial es hacia la sostenibilidad de los recursos naturales y la creación de áreas protegidas, se quiera segregar al Parque Nacional del Este un terreno de más de 60 kilómetros de litoral costero que implica la virtual destrucción del parque.

De ahí la preocupación ya externada por escrito de la UNESCO, que advierte que ese parque está en vías de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, declaratoria que podría convertirlo en un lugar de interés universal.

También ha sido identificado por el proyecto IWCAM sobre la integración de Gestión de Cuencas y de las Zonas Costeras del Caribe, que es desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y para el estudio del sistema de cavernas con arte rupestre único en la región del Caribe y del mundo, la mayoría de los cuales todavía no han sido estudiados.

El Parque Nacional del Este es uno de los más conservados del área del Caribe. Sus condiciones naturales casi han permanecido inalteradas debido a su relativo aislamiento.

Está protegido por la legislación dominicana desde el 16 de septiembre de 1975, y su componente territorial es básicamente una península trapezoidal con una extensión aproximada de 25 kilómetros en su parte más ancha.

También incluye la isla Saona que está separada de tierra firme por el canal de Catuano.

Abarca parte de los municipios de Bayahíbe y Boca de Yuma en la provincia Altagracia. Constituye el parque nacional más visitado en la actualidad: alrededor de 300 mil turistas acuden atraídos por múltiples componentes como sus riquezas paisajísticas, culturales y biológicas.

Es por ello que se puede colegir que no hay ninguna inversión privada, por cuantiosa que sea, que pueda sustituir el valor universal del Parque Nacional del Este.

[b]PELIGROS DE LAS CONCESIONES MINERAS[/b]

Otra de las modificaciones aprobadas y que constituye un peligro para el Sistema de Areas Protegidas es el relativo a las concesiones de exploración minera en esas áreas.

Para controlar esa situación se trabajaría bajo el imperio de la ya obsoleta ley 146 o de minería que no ofrece criterios para una moderna minería ecológicamente sustentable.

En ese aspecto, sólo el pasado reciente de los pasivos ambientales dejados por la Rosario Dominicana, pondrían a pensar a cualquiera, sobre las consecuencias de una explotación de una reserva fiscal en un área protegida.

Esto resulta más preocupante cuando se sabe que una explotación minera ambientalmente sostenible necesita de cuantiosos recursos y una rigurosa supervisión por parte de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente.

Otro de los aspectos preocupantes de las modificaciones aceptadas por el Senado es el hecho de que en el proyecto de ley Sectorial de Areas Protegidas original, se establecía que para la modificación de los límites de los parques nacionales y otras categorías se tenía que requerir de las dos terceras partes de los legisladores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, con la modificación aprobada por el Senado se podrá hacer por mayoría simple, quedando los límites de las áreas protegidas del sistema a merced de intereses partidarios de turno, o favores políticos.

Todo esto en un país donde la institucionalidad prácticamente no existe y donde los intereses económicos y políticos no tienen miramientos de ningún tipo cuando hay ganancias de millones de dólares.