¡Muy grave!

¡Muy grave!

El presidente Leonel Fernández negó que su gobierno haya impartido instrucciones para que se detuvieran las deportaciones de haitianos que se encuentran ilegalmente en la República Dominicana.

El mandatario afirmó que la deportación de extranjeros que se hayen ilegalmente en el país es un asunto de soberanía nacional, privativo de las autoridades nacionales.

¡El presidente Fernández tiene toda la razón para expresar esos claros y juiciosos conceptos!

Y hace bien en reiterarlos en estos precisos instantes, cuando muchos quieren exagerar la nota por el hecho de que el gobierno ejerce un legítimo derecho en cuanto a la migración haitiana se refiere.

No es ocioso recordar, sin embargo, que la ausencia de una verdadera ´política haitiana´ en los últimos cuarenta años cuando menos, complica más las cosas.

-II-

La migración haitiana de indocumentados constituye un serio problema para la República Dominicana, quizás el más serio de todos, y es muy lamentable que todavía no se haya enfrentado con el coraje y la decisión que ameritan.

Los dominicanos somos muy culpables en esa situación, pues hemos contribuido, en gran medida, a crearla y a complicarla. La corrupción rampante en los gobiernos ha sido factor casi decisivo en la creación del mal. ¿A caso los sectores oficiales no traficaban haitianos con las administraciones de los ingenios, con las estatales y las privadas? ¿Acaso hacendados criollos no se dieron gusto contratando haitianos para explotarlos en la recolección de cosechas y otras cosas, en detrimento de la obra de mano nacional que fue abandonando el campo hasta el día de hoy, dejando la tierra por el funesto motoconcho o la yola suicida? ¿Y que decir de la industria de la construcción?.

Los haitianos, con una aparente mansedumbre que asusta, se amoldaron a un estilo de vida insoportable para los dominicanos, pero ya estaban adentro del territorio nacional. Y hoy reclaman derechos. Cuentan hasta con una especie de partido y sus dirigentes son estremadamente hábiles en movilizar la opinión pública internacional y organizaciones no gubernamentales.

Los disparates cometidos en las repatriaciones, es decir, los atropellos contra los haitianos, motorizaron acres comentarios en contra nuestra, encabezados por segmentos del clero católico, hasta el punto de que quienes tienen un país parcialmente invadido por migrantes ilegales, se convierten en los malos de la película.

-III-

Esta trágica situación para el país no se resolverá con retórica barata y con esporádicas repatriaciones en las cuales se comete la estupidez de expulsar dominicanos por su color negro.

El gobierno tiene que trazarse una política haitiana y definir, de una vez por todas, una línea migratoria soberana, aunque tenga que desafiar a quienes desde Estados Unidos, Francia y Canadá principalmente, sentados en cómodas oficinas, prácticamente reclaman que sea nuestra pobre nación la que resuelva no solo su problema migratorio, sino también el imperante en un Haití que ellos contribuyeron a saquear y a empobrecer.

En la búsqueda de soluciones a este grave mal, tienen los dominicanos que deponer ambiciones y banderias políticas. No importa que aparezcan haitianófilos que capitalizan, con marcada habilidad, la haitinafobia de quienes no comprenden la realidad actual.

El gobierno no puede seguir dándole largas a este asunto, enojoso todo el tiempo.

El país no soporta una migración de indocumentados en gran escala. Como tampoco tiene que aceptar las presiones haitianas y de segmentos a los cuales, al parecer, poco o nada les importa cuanto acontece.

Los haitianos, legales o ilegales, no pueden ser perseguidos, atropellados ni cosa parecida. Esos excesos son intolerables. Pero más intolerable es, todavía, cruzarse de brazos ante lo que ocurre y que, al parecer, infunde miedo a quienes están obligados a darle el frente.

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