Luisa Francois vendía ropa en la calle para mantener a sus cuatro hijos. Desde que se fueron de casa, ella obtuvo un título en psicología educacional, pero no ha podido obtener licencia para ejercer su nueva profesión, ni renovar su pasaporte para visitar a su hija en Alemania. Nació en 1959 en el este de la República Dominicana, nunca ha salido del país y su cédula dice “Nacionalidad: Dominicana”. Sin embargo, el Gobierno ahora le dice que ella es extranjera, porque sus padres eran haitianos.

Durante 75 años la Constitución dominicana otorgaba la ciudadanía a casi cualquier persona nacida en el país, pero desde el año 2007 el Gobierno ha buscado deshacer este legado y anularle la ciudadanía a los hijos de padres ilegales, quienes son abrumadoramente haitianos.

Derechos Humanos.  En octubre, la Comisión  Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió 457 quejas de personas que dicen que han sido dejados apátridas, a pesar de estar reconocidos “dominicanos” durante décadas. La cifra de afectados ronda los  200 mil dominicanos de ascendencia haitiana.

Ante la situación, la CIDH ha condenado  la política, pero el primero de diciembre la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le dio a la  regla carácter constitucional, al rechazar la expedición de acta de nacimiento a un hombre de ascendencia haitiana nacido en Dominicana para  que pudiera irse a Florida y casarse con una norteamericana.

Desde que Haití, recién salido de su rebelión de esclavos, ocupó República Dominicana desde 1821 a 1844, los líderes dominicanos han despertado el sentimiento anti-haitiano para su beneficio político. En 1937 el dictador Rafael Leonidas Trujillo ordenó una matanza de haitianos cerca de la frontera. Joaquín Balaguer, su sucesor, en una   famosa frase advirtió de una “invasión pacífica” desde el lado oeste de la isla.

Nueva política.  Las relaciones mejoraron cuando el Gobierno dominicano envió ayuda abundante hacia Haití, luego del terremoto de 2010, pero la muerte de Sonia Pierre, una reconocida activista de los derechos de los dominicanos de origen haitiano, el 4 de diciembre, reorientó la atención a la política de ciudadanía dominicana.

Las únicas excepciones a la duradera regla sobre derechos de nacimiento y ciudadanía fueron los hijos de diplomáticos y personas “en tránsito”, clasificados en 1939 como aquellos que pasaran no más de diez días en el país. Sin embargo, en 2004 el Congreso redefinió el término para incluir a los que no tuvieran residencia.

Encima de esto, el año pasado la nueva Constitución negó ciudadanía a los hijos de inmigrantes ilegales. La mayoría de expertos legales asumiría que la política aplicaría sólo a los futuros nacidos. Pero hace cuatro años que el Gobierno comenzó a aplicarle el criterio a todos, sin anuncio.

En República Dominicana los certificados de nacimiento sirven para tareas que van desde comprar un teléfono celular hasta asistir a la escuela o contraer matrimonio, y expiran luego de 90 días (convirtiéndose en una entrada de efectivo para el Estado, que cobra por renovarlas). Personas que han reemplazado su certificado numerosas veces fueron rechazadas de repente y en ocasiones se les dijo que buscaran sus documentos en Haití.

La aprobación de la SCJ significa que es improbable que la política sea invertida pronto. En teoría, el Gobierno pudiera aprobar una ley que impidiera que se aplique la norma de forma retroactiva, pero el Presidente Leonel Fernández, que en 1996 ganó una estrecha carrera electoral al presentar una campaña (con apoyo de Balaguer) que advertía que su oponente de piel oscura, cuyos padres pudieron huir de la masacre de Trujillo, buscaba unir a la República Dominicana con Haití.

El representante de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA) insiste que “no hay ninguna política discriminatoria” y que el país simplemente desea “limpiar y modernizar algunas irregularidades en su Registro Civil”.

Empero, los grupos que defienden a los haitiano-dominicanos sostienen que recuperarán sus derechos eventualmente. Los seguidores de Sonia Pierre, que también enfrentó una anulación de su certificado de nacimiento, protestaron en las escalinatas de la SCJ una semana después de que se conociera el fallo.

En el velorio de Pierre, los activistas hablaron de gestionar que Estados Unidos presionara al Gobierno dominicano para que cumpla las resoluciones de la CIDH. Por lo menos, tienen el simbolismo de su lado, ya que los únicos toques de color en el salón amarillo pardo donde se realizó el funeral fueron  los ramos de las flores, el colorete en las mejillas de Pierre mientras yacía inerte, así como el rojo y azul brillante de la Bandera Dominicana que cubría su ataúd hasta los pies.

Tomado de “The Economist”. Traducción: Carmen Matos.

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En la mirilla

 Las relaciones Domínico-Haitianas mejoraron cuando el Gobierno dominicano envió ayuda abundante hacia Haití, luego del terremoto de enero del 2010. Sin embargo, la reciente muerte de la activista de los derechos de los dominicanos de origen haitiano en República Dominicana, Sonia Pierre, el 4 de diciembre pasado, reorientó la atención de la opinión pública internacional a la política de ciudadanía de la  República Dominicana.