La Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití recomendó a las autoridades del país, sancionar a los responsables de la matanza ocurrida el 13 y 14 de noviembre pasado en la barriada La Saline, de la capital, donde murieron al menos 26 personas.

Durante esos días cinco bandas armadas que luchan por el control del empobrecido barrio, llevaron a cabo un ataque planificado contra presuntos miembros de grupos similares, asesinando a mansalva y cometiendo violaciones colectivas.

Las recomendaciones de Minujusth corresponden a una investigación que realizó el organismo sobre los sucesos, junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y al que Efe tuvo acceso hoy.

Las conclusiones del informe advierten que las condiciones de vida de los residentes en La Saline se han visto degradadas después de los ataques, en particular con respecto al acceso a servicios básicos como el agua potable, la atención médica y la educación.

Ambos organismos plantean la presunta implicación en el ataque atroz de “ciertos agentes estatales” y plantean que todo aquel involucrado sea entregado a la Justicia. Asimismo, recomendaron a las autoridades haitianas tomar las “medidas apropiadas” para preservar la seguridad, la integridad física y psicológica y la dignidad de las víctimas y de los testigos que han denunciado los hechos, con un acompañamiento especial para los menores de edad y las víctimas de violencia sexual.

La Minujusth y Acnudh solicitaron a la Policía Nacional Haitiana (PNH) abrir una investigación sobre la falta de acción de sus agentes mientras La Saline era presa de la violencia, y así determinar la posible participación directa de varios de sus oficiales en la masacre.

El informe llama al Gobierno de Haití a asegurarse de que los responsables de tal acto de violencia, incluidos los que ejercen cargos públicos, sean procesados de inmediato de acuerdo con las normas internacionales para que se les celebre un juicio justo.

La información presentada fue recopilada por el Servicio de Derechos Humanos de la Minujusth, tras reuniones con víctimas, familiares, testigos presenciales, actores de la sociedad civil haitiana y representantes de instituciones estatales, incluido el Poder Judicial, “con el propósito de documentar los hechos y solicitar la respuesta de las autoridades” a estos actos de violencia y a los delitos cometidos.