La opinión pública  debe estar alerta a nuevas  informaciones que puedan salir a la luz sobre un plan, salido como de la nada, de importar miles de vehículos en una sola contratación en Colombia  y que pasarían a ser adquiridos por  miembros de sindicatos de choferes. La primera noticia sobre ese súbito proyecto hablaba de que el Estado, como en otras negativas experiencias de la especie, concedería exoneraciones en masa, en perjuicio del erario y en beneficio de  choferes  agremiados,  lo que hace recordar  notables antecedentes de despilfarros de bienes entregados con generosidad y de incumplimientos de pago; y más aún, de personajes condenados por la Justicia. Ahora se niega que el Estado vaya a ser el sostén de ese plan.

Por la senda  de las facilidades y financiamientos con sello oficial se ha ido mucho dinero de esta nación, solo para nutrir  bolsillos y llenar la geografía  de flotas de transporte que dan pena. La reedición  -aún parcialmente- de experimentos como  esos “planes de renovación” sería inaceptable. El apoyo  del Estado, expresado en compromisos de fiador solidario  de deudas de operadores de “voladoras” y taxis o quitando el pago de impuestos para que algunos grupos sigan constituidos en federaciones conflictivas e ineficientes, merecería el rechazo de la ciudadanía. Que esos promotores de ventajas hagan sus cosas sin comprometer instituciones públicas.

Por una  efectiva investigación

Las versiones diametralmente opuestas  sobre la forma en que fueron muertos por la Policía William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, señalados como secuestradores del joven Eduardo Baldera, constituyen un reto para la Justicia dominicana. De un lado está lo dicho por el cuerpo del orden en el sentido de que fueron abatidos en un “intercambio de disparos”. De otro aparecen  los testimonios con  fotografías tomadas  al efecto que indican que esos hombres fueron apresados con vida; y de que nadie en el lugar de la balacera escuchó detonación alguna el día de los hechos.

El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, dispuso una investigación  del caso que dirigirá un procurador adjunto. Esta decisión corresponde con lo que manda la ley y con el  reclamo  ciudadano de que  todo homicidio, incluso si  involucra   a agentes del orden en el marco de alguna persecución policial, debe ser indagado a profundidad por autoridades civiles.