Bienvenido Alvarez-Vega
No creo que dominicano alguno advirtiera que la administración del Presidente Hipólito Mejía terminara como está concluyendo este gobierno. Y no me refiero a los ya conocidos graves problemas de la economía y las finanzas. Tampoco al desmadre del valor del peso frente al dólar norteamericano, ni a la inflación y mucho menos a la elevación de la deuda externa hasta nivel francamente acogotantes.

Me refiero a esta manera de vivir tan humillante, tan degradante y tan vergonzosa en que se están desenvolviendo los ocho millones de personas que habitan la República Dominicana.

La delincuencia ha crecido de una manera alarmante. Los robos grandes y pequeños, los actos de ratería, la invasión de tierras, la apropiación de bienes públicos, los ajustes de cuentas y los crímenes escandalosos han llenado de temor a las familias.

Los ciudadanos y ciudadanas advierten una preocupante pasividad de parte de los responsables de cuidar y mantener el orden público. Después esta pasividad es racionalizada con una explicación de pretendida factura sociológica que busca, no combatir la delincuencia, sino que se comprenda como una ley del progreso de la que no podemos escapar.

El estado de los hospitales públicos no podía ser peor. Nunca antes los centros de salud se habían visto tan huérfanos de regentes, tan precarios, tan incapacitados para responder a las necesidades mínimas de sus usuarios.

Las publicaciones de prensa han sido sobremanera elocuentes. Dos y hasta tres pacientes en una cama, enfermos tirados en los pasillos de los hospitales, médicos haciendo partos con auxilio de linternas y velas, carencia de medicamentos y de materiales necesarios para la administración de salud.

Algunos reportes periodísticos han dado cuenta del hecho insólito de que los pacientes que van al hospital de Villa Altagracia tienen que comprar combustible para la planta. En otros casos, los familiares de los enfermos han tenido que comprar los medicamentos, las jeringuillas y otros materiales para poder ser atendidos.

No solo porque la devaluación del peso y la crisis eléctrica han convertido en insignificantes las asignaciones presupuestarias para los hospitales, sino porque éstas suelen llegar tarde, tan tarde que en ocasiones los hospitales pierden el crédito.

La crisis eléctrica no tiene parangón. Nunca antes los dominicanos habían sufrido tantos y tan largos apagones. Nunca antes el gobierno se había cruzado de brazos ante una cuestión tan grave y tan importante para la nación.

La crisis eléctrica amenaza con arruinar negocios y empresas grandes, medianas y pequeñas. La economía informal, la mayor generadora de empleos, ha quedado en ruinas.

Las plantas de emergencia están explotadas. Los gerentes de las empresas han agotado su presupuesto para comprar combustibles, mientras  la desesperación   y el nerviosismo se adueñan de los responsables de estos medios de producción. Pero estos gerentes no saben qué hacer, porque el gobierno se ha sentado como un espectador más.

Era imposible creer que un gobierno dirigido por el agrónomo Hipólito Mejía terminaría en tal bancarrota. Se le consideraba con suficiente orgullo personal, profesional y regional como para que no permitiera que en sus manos ocurrieran estas cosas.

Ni mucho menos que hablara de ficciones. Porque ahora el ciudadano Presidente de la República ha dicho que la crisis hospitalaria es una ficción. También dijo recientemente que la escasez de combustibles –otra calamidad–  es una ficción.

Nadie hubiera creído que después de cuatro años de gobierno del agrónomo Mejía los hospitales terminarían convertidos en “almacenes de enfermos”. Y no basta que se mencione a Herrera, al Marcelino Velez, porque ante cientos de hospitales, clínicas y policlínicas, uno no basta.

Tampoco era posible creer que el hombre que más criticó el nuevo sistema eléctrico iba a permitir que en sus manos empeorara. Porque su actitud prejuiciada lo inhabilitó para superar los problemas que el esquema tenía. Entonces, los Acuerdos de Madrid y Washington fueron un fracaso; la renegociación de los contratos con los IPPs fue otro fracaso; la recompra de las edes españolas no solo constituyó un fracaso sino que fue necesario que el FMI demostrara el engaño técnico que se quería legitimar. En síntesis, la política eléctrica fracasó.

Pero nadie pensó que este gobierno, presidido por el agrónomo Hipólito Mejía, terminaría como está terminando. 
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