Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
Todos los implicados en la muerte del periodista Orlando Martínez tendrán que responder ante los tribunales, incluyendo al ex jefe de la aviación, Salvador Lluberes Montás (Chinino), advirtió ayer el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero.
Dijo que, en consecuencia, desde la semana pasada estudia el expediente, del que en primer grado fue desglosado por razones de salud el ex jefe militar Lluberes Montás, quien se libró de la condena de 30 años impuesta por la magistrada Katia Miguelina Jiménez.
Afirmó que estudia el caso de la muerte del periodista Martínez para tomar las decisiones de lugar, pero adelantó que coincide con el procurador Francisco Domínguez Brito, quien la revisión de la situación de Lluberes Montás, quien fue desglosado del expediente.
«Estamos identificando la situación para conocer el expediente, pero nuestra posición respecto a ese caso es la misma del magistrado procurador general de la República. Todos los implicados tendrán que responder ante los tribunales. No hay dudas de que así será», apuntó.
Hernández Peguero fue instruido por Domínguez Brito a revisar la situación de Lluberes Montás, horas después de que Suprema Corte de Justicia anulara la sentencia que redujo la pena de 30 años a 15, 12 y 10 a los autores del hecho de sangre, cometido en marzo de 1975.
Lluberes Montás, ex jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, fue beneficiado con el desglose del expediente, por razones de salud, pero el Ministerio Público decidió revisar la situación para determinar si es cierto que el otrora jerarca militar está afectado por una enfermedad terminal.
El ex oficial fue sometido como cómplice, junto a otros generales del régimen del finado ex presidente Joaquín Balaguer, quien en su obra «Memoria de Cortesano de la Era de Trujillo» admitió saber quien mató al comunicador.
Los condenados por el asesinato fueron el general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, Mariano Cabrera, Alfredo Lluberes Ricart y Luis Emilio de la Rosa Beras. En primera instancia fueron condenados a 30 años, pero la Corte de Apelación redujo esa penas a 10, 12 y 15 años de reclusión.
Sin embargo, la Procuraduría apeló ese fallo y la Suprema procedió a anularlo, remitiendo el expediente a la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
