El incidente que culmina con la muerte del narcotraficante Rolando Florián Féliz es el destape de la fase oculta de un modelo carcelario cuestionable. La ocurrencia obliga a investigar piezas, causales y  accesorias, que facilitaban que ese internado tuviera privilegios muy especiales. Solo un modelo cargado de complicidad, descontrol o permisividad puede propiciar la permanencia dentro de una celda de personas más allá de las horas normales de visita. El capitán Lino Oscar Jiménez, en  entrevista que el Listín Diario publicó el lunes como noticia principal, afirmó que Florián Féliz estaba drogado cuando se violentó porque le requerían que sacara las visitas que tenía en su celda.

En un recinto carcelario, las visitas privilegiadas, tener y usar drogas en la celda y otras anomalías solo son posibles cuando hay complicidad o descuido en el manejo de la prisión. La investigación no debería circunscribirse al incidente sangriento, sino a todo lo que pudo haberlo estimulado. Aunque la de Najayo está clasificada como “cárcel modelo”, este suceso indica que opera bajo un modelo muy cuestionable, que tiene que ser desmontado y sustituido por otro en que no sean posibles estas ocurrencias. Los sucesos de Najayo  ponen en entredicho la supervisión carcelaria y la aplicación de las normas disciplinarias. Esperamos que este sea el principio del fin de este modelo.

Mano de obra indocumentada

La contratación de extranjeros indocumentados para trabajar en el país es una práctica dañina, que causa grandes perjuicios. De ahí que es atendible la preocupación del ingeniero Jaime González, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), quien llama a los constructores de obras a evitar contratar personas en estada ilegal en el país. Por añadidura, ese mismo cuidado se requiere en el sector agrícola.

Los extranjeros indocumentados desplazan a la mano de obra dominicana, entre otras cosas porque trabajan por un salario menor y no pueden acudir a los medios de defensa en materia laboral. Esto tiene un perjuicio social que se complementa con el hecho de que propicia abuso laboral, que es una práctica indeseable. Las autoridades laborales y de migración deberían unificar esfuerzos para tratar de hacer valer normas que castiguen la contratación de extranjeros indocumentados.