El abogado Namphi Rodríguez deploró hoy el supuesto clima de violaciones a la privacidad de las personas que impera en el país mediante el espionaje telefónico e instó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) a hacer cumplir la sentencia 200-13 del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del reglamento de esa entidad por autorizar ilegalmente a los organismos de seguridad del Estado a intervenir sin orden judicial las comunicaciones de los ciudadanos.

Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que esa sentencia data de noviembre del 2013, pese a lo cual el Indotel no ha procedido a convocar a vistas públicas para redactar un reglamento que observe el procedimiento legal para acceder  a los datos de tráfico, conexiones y acceso de los usuarios de las telecomunicaciones.

Puntualizó que la falta de seguimiento del Indotel provoca que prevalezca “la práctica indiscriminada de intervenir los e-mail y los teléfonos de las personas, con lo cual se provoca un sentimiento amenazador de la intimidad que infunde el temor de ser permanentemente observados”.

“Sería interesante saber qué ha hecho el Indotel con esa sentencia, pues ahí hay temas que afectan los derechos fundamentales, como la cuestión de por qué período están conservando las prestadoras de servicios el registro de llamadas y conexiones de los ciudadanos y cuál es el criterio que esas compañías están siguiendo para suministrar información personal a los organismos de seguridad”, adujo.

Rodríguez definió como una herencia “inveterada y autoritaria” de la dictadura de Rafael L. Trujillo y los gobiernos de Joaquín Balaguer, la práctica de espiar las comunicaciones de los ciudadanos.