Este artículo no es en contra ni a favor, sino para entender el problema). A propósito de la valiosa iniciativa de la UNPHU, la discusión sobre los estupefacientes tiene, entre otras, las vertientes del consumo, el tráfico y  las consecuencias para las instituciones que forman el Estado, cuya acción legal va desde la asignación de presupuesto público para prevención, persecución y rehabilitación, hasta las diferentes disposiciones legales para regular el comercio y el uso, y para la aplicación de procedimientos para reeducar, curar o castigar infractores.

Delimitando los temas y subtemas, facilitamos el debate.

La  preocupación de estudiosos y religiosos es, principalmente, por el consumo, pero también porque el Estado se ha hecho extremadamente vulnerable frente al poder del narco, y el sistema institucional podría sucumbir.

 Se preguntan si no sería menor el riesgo de diseñar determinadas formas de regulación o despenalización, para disminuir la probabilidad de enriquecimiento de los traficantes, precisamente, porque los altos costos y dividendos son consecuencia de la prohibición.

Especialmente porque cada día crece el número de personas que consume o vende  estupefacientes, o lava el dinero producido.

La discusión debe, pues, partir de una definición de él o los problemas, y decidir cuál o cuáles son prioritarios, urgentes o estratégicos, en cuanto que su solución conlleve a la de otros.

Una cosa es un narco Estado; otra, un Estado en el que el gobierno de turno tenga vínculos con el narco.

Y otra, que en un país existan redes de narcotráfico a las que el Estado combate, seriamente, con poco o mucho éxito.

En nuestro caso, el Estado parece haber desarrollado y aceptado un rol perverso dentro del sistema internacional de división del trabajo (mano de obra, materia prima y recreación baratos; postres, estupefacientes, prostitución y lavado); dependiente del narco para su auto sustentación económica y su gobernabilidad.

 En cuyo caso, ni siquiera que el gobierno de turno se lo proponga podría combatirlo con eficacia, sin antes sustituir con otras industrias los ingresos y los empleos que las del narco y el lavado aportan al país.

Si fuese el caso de que tanto gobierno como sociedad hemos aceptado ese rol, de poco valdría, quizá,  (riesgos aparte) enfocarnos en perseguir personeros (militares, policías, políticos y empresarios lavadores), y mucho menos, en hablarles a nuestros jóvenes de los peligros del consumo y el micro tráfico, sin decirles de dónde vendrá su sustento; o, en base a qué valores (privados y públicos) social y oficialmente sustentados, deberán abstenerse de lo uno y lo otro.

Eso sería desencaminar la lucha, acarrearnos riesgos innecesarios.

Cualquiera que sea la solución, necesitamos la ayuda de Dios y de nuestros mejores hombres y mujeres.