BOGOTA (AFP) – Aunque Washington y Bogotá superaron un nuevo incidente por las reglas que rigen la extradición, el fantasma del «narcoescándalo», en el que está involucrado el ex presidente Ernesto Samper, volvió a estremecer la política colombiana y amenaza con hacerlo aun más por posibles delaciones de los jefes del cártel de Cali en Estados Unidos.

   El conflicto se resolvió con una segunda rectificación de Estados Unidos en los últimos tres meses. El embajador en Bogotá, William Wood, ratificó la noche del jueves que su país cumplirá con las normas que rigen la extradición de colombianos.

   Además, Washington desautorizó al fiscal norteamericano Paul Pérez, quien hizo estallar el diferendo por no respetar la norma que prohíbe juzgar a colombianos extraditados por delitos anteriores a 1997 argumentando que la salvedad fue producto del pago a políticos colombianos de millonarios sobornos de la mafia.

   Bogotá se declaró este viernes satisfecho con la respuesta de la Casa Blanca. «Esperemos que entre más conocimiento haya sobre los compromisos -sobre la extradición- que existen con Colombia se presenten menos estos incidentes. Lo fundamental es exaltar que Estados Unidos ha actuado con celeridad y con contundencia», dijo la canciller colombiana, Carolina Barco.

   Pero sin duda alguna el asunto no termina allí. La denuncia del fiscal quedó rondando en el ambiente, reabriendo el inconcluso debate sobre el más grande escándalo de corrupción registrado en la historia del país, conocido como el «Proceso 8.000».

   Poniendo al descubierto la profunda penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana, el «Proceso 8.000» fue una causa que involucró a periodistas, deportistas, personajes de la farándula y a decenas de políticos, incluido el propio presidente Samper (1994-1998).

   La Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos acusaron a los jefes del cártel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela -presos actualmente en Miami- de financiar con seis millones de dólares la campaña de Samper, quien fue absuelto de ese cargo por el Congreso y negó haber mantenido tratos con la mafia.

   Todo ello volvió a la memoria cuando el pasado miércoles la prensa local divulgó un documento en el que el fiscal de Tampa (Florida) denunció que el cártel de Cali pagó cinco millones de dólares a Samper y a congresistas para que se restableciera en Colombia la extradición, en diciembre de 1997, pero sin retroactividad.

   «Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Estoy absolutamente tranquilo en mi conciencia de que lo que hice en la lucha contra el narcotráfico es un avance histórico en Colombia. Espero que tarde o temprano la historia y, particularmente Estados Unidos, me reconozcan esto», dijo este jueves Samper.

   Durante su administración, recordó, se logró la captura en 1995 de los hermanos Rodríguez Orejuela, además del restablecimiento de la extradición que estaba prohibida por la Constitución de 1991.

   Quien fue su ministra de Justicia, Almabeatriz Rengifo, salió en su defensa este jueves. «La discusión sobre la extradición fue transparente. Jamás oí el más mínimo rumor de sobornos. No creo que exista una prueba ni contra el ex presidente Samper ni contra el Congreso», afirmó.

   Pero otros avivaron las dudas, particularmente el abogado Gustavo Salazar -al servicio del cártel de Cali-, quien avaló la denuncia del fiscal y advirtió que los Rodríguez Orejuela, quienes comparecerán juntos a fines de marzo ante un tribunal de Miami, empezarán a prender el ventilador.

   Principalmente Miguel, extraditado hace apenas una semana y encargado por Gilberto -máximo jefe del cártel y extraditado el 3 de diciembre- de penetrar las altas esferas sociales y políticas del país, mediante el soborno.

   «Las pruebas las tiene el señor Miguel Rodríguez Orejuela y estoy seguro que él las va a presentar. A mí me consta que se le pagaba a los parlamentarios, cuánto, dónde y quiénes, eso sí lo tiene que decir él. No conozco al fiscal, pero está muy bien informado», dijo Salazar.

   Alfonso Valdivieso, fiscal durante el «Proceso 8.000», consideró que, por encima del incidente con Washington -de todas formas ya superado-, «sería interesante disponer de esa información, de pruebas, porque yo no descarto que eso se haya dado».

   El departamento de Justicia de Estados Unidos, según Wood y Barco, ya entregó a la embajada de Bogotá en Washington «la información que tenía el fiscal», y viene camino a Colombia.