La ejecución de siete hombres en Paya, Baní, el 4 de agosto,  sacudió a la opinión pública, puso al desnudo la penetrante impunidad de núcleos del crimen organizado de la droga en esos momentos y obligó a las autoridades a tomar acciones. Pero después del terremoto, las manifestaciones del tráfico ilegal son constantes, como si las estructuras que lo propician no hubieran sufrido ninguna mella. Sus avionetas vienen y ven; a  algunas las atrapan con o sin cargamento. A otras no. Las hallan quemadas o abandonadas después de realizadas las operaciones con “comités” de recepción locales  que  se mueven sigilosos en yipetas. El corolario es creer que República Dominicana se encuentra todavía en condición de notable vulnerabilidad al movimiento de sustancias ilícitas con su terrritorio como puente y destino final de una parte de la mercancía.

Preocupante resulta también que la frecuencia del trasiego  confirme el descreimiento que siempre exhibieron, tras el golpe de Paya, representantes de la sociedad que se han distinguido por sus denuncias y pronunciamientos sin ambages, como es el caso del senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero.  Este legislador ha dicho creer que el “monstruo” del comercio de cocaína y heroína que por aquí pasa está tan vivo como antes. Porque ninguna acción legal ha llegado todavía hasta personas claves y poderosas que lo protegen.

Una señal de que el Estado falla

Un informe del Banco Mundial acaba de colocar a República Domini- cana entre los países de la región con peor desempeño en el control de la corrupción. El índice expone un retroceso de resultados  de un 35.9 en el año 2009 a 31.8 en el 2008, en una escala en que lo óptimo debe andar sobre 80. Ese paso atrás ha sido dado bajo un gobierno que antes proclamó la consigna de “Cero tolerancia” a la corrupción. ¿Se necesita mejor demostración de que la lucha contra ese mal debe ir más allá de la retórica?

Vale resaltar también que el Presidente de la República, en un acto de sinceridad, habló hace poco de la desorganización reinante en el sector público, situación que explicaría en parte  que no haya avance alguno en el control de irregularidades  en el tren administrativo.  Adviértase de todos modos, que para  la sociedad resulta  inexcusable que las autoridades no hayan logrado el orden necesario en el sector público ni reducido en buena medida la corrupción.