Narcosociedad

ROSARIO ESPINAL
En varios países de América Latina, en mayor o menor escala, se vive un proceso de formación de lo que podríamos denominar la narcosociedad. Una compleja red de producción, distribución y consumo de estupefacientes impacta distintas esferas de la economía, el poder público y las formas de vida de la población. Algunos países se especializan en la producción y el procesamiento, otros en la distribución. La expansión productiva y comercial de estupefacientes es similar a la de otros productos de origen agrícola destinados fundamentalmente a la exportación: campesinos que producen la materia prima por bajos salarios, factorías locales de procesamiento del cultivo, intermediarios que transportan el producto a los puestos de distribución en distintos países del mundo y vendedores que promueven el consumo.

De ser un negocio relativamente marginal hace 40 años, la producción y venta de estupefacientes ocupan ahora un lugar importante en varias economías latinoamericanas. Además de sostener comunidades campesinas, los narcoproductores y narcotraficantes invierten en una diversidad de negocios legítimamente establecidos con el objetivo de lavar dinero y aumentar su riqueza. Realizan grandes depósitos bancarios, adquieren inmuebles y penetran el sector de la construcción, establecen medianos y grandes comercios, e invierten en la producción agropecuaria e industrial.

Para asegurar el adecuado desenvolvimiento de sus negocios ilícitos y convertir sus fortunas en capitales lícitos, los productores y traficantes de narcóticos establecen una estrecha relación con políticos y empresarios. De esta manera, la narcoburguesía intenta limpiarse y disfrutar de las ventajas de la burguesía involucrándola a su circuito narcoempresarial.

Una vez este proceso se establece y expande en un país, se va gestando una narcosociedad en la que abundan los narcoempresarios, el narcodinero, la narcoviolencia, los narcojueces, los narcoabogados, los narcoperiodistas, el narcosubsidio, la narcolimosina, la narcomúsica, los narcoespectáculos, los narcomilitares y narcopolíticos que facilitan las narcoactividades.

A diferencia de la producción y comercialización de productos lícitos, los estupefacientes, por ser ilícitos, generan un negocio criminal que acarrea mayores riesgos para su desenvolvimiento. Para protegerse en el contexto de la ilegalidad los narcoempresarios establecen lazos con agentes militares, policiales y otros funcionarios públicos que le proveen una estructura para-institucional favorable a sus narconegocios.

En este contexto la estrategia de los narcoempresarios tiene cuatro componentes básicos: 1) establecer espacios geográficos que estén bajo su control para garantizar la operatividad del negocio; 2) penetrar diversas instancias del poder público, tales como las instituciones militares, el sistema judicial y los partidos políticos; 3) lavar sus ganancias a través de inversiones en negocios lícitos; y 4) construir una base popular de apoyo mediante la creación de empleos y acciones caritativas que legitimen sus negocios en nombre del bien colectivo.

Una vez estas redes sociales de la narcoeconomía se extienden, las sociedades experimentan mayores niveles de ilegalidad, violencia y narcomuertes. Porque en la medida que los narcotraficantes logran consolidar sus negocios ilícitos y se insertan al resto de la economía, arrastran a un sinnúmero de personas que de otra manera no se hubiesen incorporado a la narcovida.

Un grupo de alto riesgo en este proceso de narcosocialización es la juventud, que se hace cada vez más dependiente del consumo y/o la venta de drogas. Este fenómeno afecta a los jóvenes de distintas clases sociales, pero la experiencia es más violenta y devastadora para los jóvenes de menores ingresos, que encuentran en el narconegocio una alternativa accesible a ellos para ganarse la vida y ejercer poder social en el contexto de la narcocultura.

La gran dificultad para perseguir seriamente a los narcotraficantes y debilitar el negocio de estupefacientes en cualquier país latinoamericano radica en que su desmantelamiento significa romper circuitos importantes de acumulación de capital y generación de empleos, precisamente en sociedades con limitada capacidad para obtener o generar capitales alternativos al narconegocio.

De ahí que los grandes decomisos de droga o la captura de capos importantes ocurren fundamentalmente cuando los países destinatarios para el gran consumo de estupefacientes desean desmantelar alguna red. De lo contrario, es más fácil para los gobiernos latinoamericanos hacerse de la vista gorda y permitir que siga el narconegocio, del cual se beneficia cada día más gente, incluyendo a ricos a través de la narcoinversión, a políticos y funcionarios públicos a través de la narcocorrupción, y a pobres a través del narcosubsidio y la narcolimosna.

Los efectos nocivos para la sociedad de este fenómeno son evidentes: un aumento sustancial en la criminalidad (en cantidad y magnitud); un aumento progresivo del consumo de estupefacientes con secuelas para la salud física y mental de los consumidores y daños para sus familias y comunidades; la sensación desproporcionada y distorsionada de prosperidad que proyecta el narcodinero; y la creciente ilegalidad en que operan distintas instituciones públicas y privadas que sustentan, en vez de combatir como debieran, este proceso de narcotización social.

rosares@hotmail.com