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MÉXICO. AFP. La cobertura sobre la violencia del narcotráfico en México, uno de los países más peligrosos en el mundo para los periodistas, es dictada cada vez más por las mafias que imponen la disyuntiva de «silencio o muerte», asegura un informe divulgado ayer. Ante los asesinatos, secuestros, amenazas o intentos de soborno a los periodistas, muchos han tomado simplemente la decisión de no trabajar sobre temas vinculados con el narcotráfico, dice el informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) con sede en Nueva York.
El reporte «Silencio o muerte en la prensa mexicana» aborda los crímenes de 22 periodistas y tres trabajadores de medios, así como la desaparición de siete, desde cuando el presidente Felipe Calderón ordenó a los militares involucrarse en la lucha antidrogas en diciembre de 2006.
Esa decisión dio pie a una espiral de violencia que ha provocado 28,000 muertes.
«Mientras México siga permitiendo a los criminales controlar el flujo informativo, más se deteriorará su condición de socio global confiable», señala Carlos Lauria, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. El abanico de mecanismos para silenciar a la prensa incluye amenazas, sobornos que llevan a la autocensura, y en algunos casos los atacantes cuentan con la complicidad de autoridades, agrega.
El reporte recuerda que más del 90% de los crímenes contra la prensa sigue impune y reclama medidas urgentes para «crear un ambiente en el que los periodistas puedan cumplir con su trabajo con un cierto grado de seguridad». «No es posible ganar la guerra contra las drogas si el país cede el control de la información pública a los narcos», señala en otro aparte, Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
La cifra
72 Inmigrantes muertos. En las últimas semanas esa violencia se expresó con la matanza de 72 migrantes, la explosión de dos coches bomba, así como balaceras en carreteras y en calles. «Pero eso no se lee en la prensa local: el cartel también controla los medios de comunicación», denuncia el texto. El reporte del CPJ va más allá y señala que en la zona «el cartel del Golfo controla el gobierno local, desde las fuerzas de seguridad hasta los permisos que se otorgan a vendedores ambulantes».
