La posibilidad de que la penetración del narcotráfico en la política dominicana sea más fuerte es muy preocupante. La política debe ser noble y pura, como decía Duarte. Debe estar orientada a la búsqueda del bien común.

El narcotráfico obtiene dinero del comercio ilegal de drogas. Usar esos recursos en las campañas electorales y en la política atenta contra la democracia, la soberanía, la seguridad del territorio y la obtención de un Estado Social Democrático de Derechos.

Esto porque, en conjunto con otras modalidades de crimen organizado, influye en que el Estado no garantice a sus ciudadanos los derechos fundamentales y amenaza las libertades públicas.

Además, quita legitimidad al ejercicio y a la competencia política porque es fruto del delito y del crimen. Y la política no debe ser esto. Un derecho como elegir y ser elegido queda amenazado cuando un candidato tiene acceso a recursos económicos del narcotráfico, con ventaja sobre los demás.

Esto se agrava en países como República Dominicana donde la praxis política está basada en un sistema clientelar y rentista. Muchos votantes esperan que se les dé y puede dar más el que más tiene, sin garantías para el pueblo de que accederá al Gobierno el mejor candidato, sino el que más dinero movió.

El narcotráfico tiene cabida en la política dominicana por la voluntad y finalidad. Algunos políticos coinciden con los narcos en la búsqueda de dinero y poder.

Además la legislación electoral es débil y el sistema de financiamiento de los partidos políticos vulnerable en la fiscalización de fondos y donantes, lo que complica identificar los vinculados a actividades ilícitas.

Muchas instituciones y funcionarios no fiscalizan y someten y por tanto no hay un sistema de consecuencias para quienes intervienen en la narcopolítica.

En otros países ante los escándalos de denuncias de que dirigentes y partidos políticos habrían usado dinero del narco se ha procedido con investigaciones y destituciones y sometimientos a la justicia si aplicara. Son los casos de Andrés Pérez, en Venezuela, y Ernesto Samper, en Colombia.

Además, esas sociedades se enfocaron en fortalecer la legislación electoral de modo que, acompañado de voluntad política, se evitara el uso del dinero sucio en el financiamiento político.

República Dominicana tiene esta posibilidad si además de una ley de partidos políticos aboga por una reforma electoral y política.

También si no pasan desarpecibidas las denuncias en este sentido y lejos de la mirada política de lo que conviene a un partido o a un candidato se piensa en lo que conviene al país y a la sociedad: que se investigue y se aclare.

Algo difícil cuando la voluntad política no está encaminada al bien del país, sino de figuras y facciones, y cuando en materia de poder electoral y político todos los huevos están en una misma canasta. Y esto sí atenta contra la Patria y el Estado.