El pasado 15 de junio  la alta dirección del  Partido de la Liberación Dominicana  se declaró  alarmada “por el grado de penetración del narcotráfico en las actividades proselitistas del Partido Revolucionario Moderno”, acusando a sus principales dirigentes de guardar silencio ante la  evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña de su candidato presidencial Luis Abinader.

A continuación un intento de responder a este pronunciamiento  del partido gobernante:

¿Quiénes sabían en el país antes del pasado 9 de junio que el señor Yamil Abreu Navarro era un presunto  capo del narcotráfico internacional perseguido  por la Justicia de Estados Unidos y de la República Dominicana?

La respuesta es simple: la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) entidades  que dieron  a conocer en esa fecha el prontuario delictivo de Abreu Navarro, donde se consigna, entre otras cosas, que: “este fue pedido en extradición hace dos años por sus vínculos con el cartel de Sinaloa, uno de los más sanguinarios del narcotráfico mexicano y que fue liderado por  Joaquín Guzmán  (El Chapo)”.

Pero esto provoca  otra pregunta: ¿por qué la Procuraduría General de la República y la DNCD no hicieron las diligencias necesarias para facilitar la extradición de Abreu Navarro, quien para ese entonces  hacía vida normal en su comunidad como productor agropecuario y director del Distrito Municipal de Las Lagunas,  de Azua?.

O lo que es más grave: ¿Por qué la  Procuraduría General de la República le emitió  el 4 de julio del 2019  un certificado de no  delincuencia  mediante el cual se hacía  constar que “en el Sistema de Información del ministerio Público no existen antecedentes penales a nombre de Yamil Abreu”?

¿No deberían explicarle al país las autoridades  del Ministerio Público y de la DNCD cómo logró Abreu Navarro no solo mantenerse en libertad, sino ejercer funciones públicas  desde el año 2006 hasta el 2020?

Las autoridades deberían explicar también por qué guardaron silencio  todo este tiempo,  en lugar de  alertar a los medios de comunicación, a las instituciones políticas  del país y a la propia comunidad donde Abreu Navarro  hacía vida pública y social sin ningún tipo de restricción.

La advertencia de César “El Abusador”

Estas interrogantes podrían aplicarse  también al caso del señor César Peralta, quien aparentemente se convirtió en el más poderoso narcotraficante del país ante la mirada indiferente, para no decir cómplice,  de las autoridades.

No hay que olvidar que  este personaje,  arrestado en Colombia el pasado  2 de diciembre,  declaró a la periodista dominicana Carol Pérez que él tenía vínculos con un político dominicano de alto nivel cuyo nombre revelaría  si las autoridades dominicanas no ponían en libertad a su pareja Marisol Franco.

De acuerdo a los datos publicados por Carol Pérez,  César Peralta  le dijo que las autoridades dominicanas tenían presa a Marisol Franco para que él no revelara los vínculos comerciales y de amistad que mantuvo con un personaje de la política nacional.

“Él me contó que lo quieren tener callado y por eso tienen presa a Marisol”, reveló la periodista luego de su conversación con Cesar Peralta en la cárcel conocida como  “El Bunker”, en Bogotá.

Algunas semanas después de esta declaración, el  Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción  de Marisol Franco y dispuso su arresto domiciliario. Y César Peralta no cumplió su amenaza de revelar el nombre del político dominicano de alto nivel con quien él mantenía  vínculos comerciales y de amistad, en lo que parecería ser un conveniente  acuerdo de reciprocidad.

¿Entonces, dónde está la complicidad en materia de narcotráfico?

¿En un partido político que no está supuesto a conocer un hecho que no es del dominio público, o en las autoridades y  el Gobierno que tienen el monopolio de la  documentación oficial relacionada con cualquier modalidad delincuencial, incluyendo el narcotráfico?