Es diciembre y casi Navidad; un mes de crecida actividad económica y social, y de tradiciones. Tiempo para la fraternidad, el encuentro y los festejos.

Esta vez llega cuando todavía no se ha diluido el impacto de Noel, una tormenta de tragedias y otras secuelas graves en el orden material.

Muchas familias humildes perdieron sus techos, y una buena parte de ellas ahora se encuentra en el trance de volver a lugares vulnerables, lo cual debería impedir el Estado proveyendo alojamientos provisionales en lugares seguros.

Navidad, que es fiesta de cristiano origen, va a estar presente en la vida de casi todo el mundo; pero el entusiasmo no debería ni por un momento, sacar al país de la preocupación por los ciudadanos afectados sensiblemente por las inclemencias de la naturaleza.

Las labores de asistencia y los programas de mitigación en favor de comunidades en desgracia, como San José de Ocoa, y las víctimas de las crecidas inmisericordes de ríos, como el Yaque del Sur, deben incluso intensificarse para estos días, en el nombre de los sentimientos cristianos y de los compromisos solidarios de nación, que es la familia mayor a que pertenecen ricos y pobres.

Está la realidad de que persisten amenazas de brotes infecciosos por las desastrosas condiciones ambientales. Varios tramos viales dañados aún aislan comunidades; y el colapso de sistemas de riesgo obliga a reclamar que el gobierno actúe con más recursos y sentido de urgencia a buscar sin pausa la rehabilitación de tomas y canales.

Navidad con amor y acciones en favor de los que sufren es lo que exigen las circunstancias.

Casos para la Justicia

No debería extrañar mucho que policías y supuestos autores de delitos se enfrenten a tiros de vez en cuando y que ello arroje balances de muertos y heridos.

Pero el dominicano común ha desarrollado un escepticismo atendible y basado en claros indicios de que la ejecución sumaria ha sido parte de la cultura de sectores dentro de los organismos represivos.

Tras una de las últimas rachas sangrientas -que en los últimos 23 días arrojan un saldo de 50 civiles abatidos- la Policía dijo haber dado muerte a seis personas que consideraba delincuentes. Todo en unas cuantas horas del día.

Puede que lo que la Policía acaba de informar tenga fundamento; pero podría ser también que el sello que le ha puesto demasiado rápidamente a esos hechos no se corresponda rigurosamente con la verdad.

Lo lógico, lo justo y lo legal es que la apreciación plena y definitiva sobre las características de cada homicidio que ocurra en la República Dominicana proceda de la Justicia, en primera, segunda y cuantas instancias sean requeridas por fiscales y jueces soberanos y por tanto desligados de la Policía.

Quede claro que hasta el individuo más incriminado por antecedentes y circunstancias es un ser humano, con todos los derechos que se reconocen y consagran a los humanos.

Pero en este país ha faltado, rutinariamente y como la cosa más natural, que la Justicia cumpla con sus obligaciones de sentirse apoderada, sin que nadie tenga que decírselo, de cada hecho sangriento, no importa a quién involucre ni la importancia de su estatus.