El país requiere con urgencia actualizar la legislación y normas adjetivas agropecuarias, que empujen a una agricultura competitiva y estimulen el desarrollo del campo.

La Constitución de la República y la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) inducen a unaLey General del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural, que garantice unapolítica integral de Estado, protectora de todos los entes que interactúan en la agropecuaria.

De manera que se logren las acciones públicas necesarias para que los productores y profesionales alcancen cosechas rentables y proveedoras de alimentos a precios asequibles.

Y que, en consecuencia, reduzcan las importaciones y abran nuevos mercados externos.

Pero las instituciones públicas están patinando por la ausencia de un instrumento legal progresista.

Empecemos observando que las principales leyes del sector surgieron en etapas y coyunturas diferentes, y hasta alcaicas, a los actuales tiempos sociopolíticos y económicos.

El Ministerio de Agricultura, principal institución, está sustentada en la ley 8, de fecha 8 de septiembre del 1965, mientras que el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) tiene como legislación esencial la marcada con el número 908, del 1ro. de junio de 1945.

En tanto que elInstituto Agrario Dominicano (IAD) fue creado con la ley 5879, de fecha 27 de abril de 1962; y el INESPRE está amparado en la ley 526, del 11 de diciembre de 1969.

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) fue constituido por la ley 367, del 30 de agosto de 1972; y la ley 13-63, del 31 de octubre de 1963, establece el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

La Ley 4030, del 15 de enero de 1955, declara de interés público la defensa sanitaria de los ganados de la República Dominicana. Y el Decreto 2204-68, del 22 de marzo del 1968, crea el Patronato Nacional de Ganaderos.

Igualmente, así funcionan la mayoría de las demás entidades, con las limitaciones que en gran medida se traducen en improvisaciones y la ausencia de un real plan de desarrollo.

Desaprovechándose, en cambio, el enorme potencial productivo y la elevada capacidad técnico-científica forjada por nuestros profesionales, así como la cultura agropecuaria acumulada durante décadas en el campo dominicano.

Por eso, la Carta Magna y la ley de Estrategia de Desarrollo plantean que mediante leyes nuevas se impulse la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios y forestales y difundir ampliamente sus resultados mediante un eficiente sistema de extensión agrícola.

También desarrollar los servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción, que aseguren el acceso, individual o colectivo, de los grandes, medianos y pequeños productores.

Incentivar la creación de agroindustrias locales para agregar valor a la producción primaria, a fin de elevar el valor de la producción.

Con el propósito de reorganizar el sector antes los retos actuales, la ley general debe establecer la estructura, organización, ámbito, competencia y funcionamiento de los órganos e instituciones que conforman el sector agropecuario, y el accionar de su personal, los roles y alcances de las entidades que les son vinculantes.

Abarcando, de igual modo, las actividades agrícolas, pecuarias, apícolas, avícolas, cunícolas, de cazas, acuícolas, crianzas, de productos del mar y silvicultura, y las que realizan las empresas de servicio en la agricultura, tanto en la producción primaria, la agroindustria y la agroexportación.

De ahí que el proyecto de ley que dejamos introducido en el Senado, tiene como objetivos generales del sector agropecuario público, lo siguiente:

1.- Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas nacionales con el enfoque esencial de garantizarla seguridad alimentaria,sustituyendo las importaciones de productos e insumos agropecuarios mediante el abastecimiento de los mercados con productos nacionales y elevar las exportaciones, promoviendo así el desarrollo rural de la República Dominicana.

2.- Estimular a los productores, profesionales, personal de apoyo, empresas que suministran servicios, maquinarias, insumos, etc. a los fines de garantizar el espíritu y entusiasmo humano en los Planes, Programas y Proyectos que ejecuten las instituciones del sector.

3.- Provocar el desarrollo rural y mejorar las comunidades rurales a partir de la creación de riquezas, empleos y de la permanencia de precios que garanticen la rentabilidad al productor y precios asequibles a los consumidores.