Durante la campaña electoral pasada, estuvimos conversando con el amigo y colega psiquiatra de especialidad, Dr. Segundo Imbert Brugal, sobre la necesidad de contratar una compañía internacional de reconocida experiencia en el área de supervisión para controlar la gestión ministerial en el área de la salud.

 Hoy, sin embargo, trataré sobre la necesidad de supervisar por lo menos la gestión en los hospitales públicos, sobre todo los del tercer nivel de atención por su alta complejidad y gran número de empleados.

 Estos hospitales son verdaderas industrias sociales, ya que cualquier centro de tercer nivel tiene una nómina de alrededor de mil empleados de diversas categorías: desde el súper especialista médico, como un neurocirujano que después de  siete años de estudios para graduarse de médico ha tenido que agregarle unos seis a ocho años más para completar la especialidad; y por otro lado un simple trapeador de pisos, así como todo un tren de personal de profesionales de la salud, de apoyo y administrativo;  además, de un volumen de consultas que pasan de los mil pacientes diarios y unos trescientos internados, cuyo producto final es la  recuperación de la salud.

De un hospital de tercer nivel viven muchas personas, no solamente las que están empleadas. Las que hacen negocio con la institución, tales como vendedores de medicinas, equipos e insumos, alimentos y bebidas, ropas de cama y uniformes, papelería e impresiones, materiales de construcción, taxis, vendedores ambulantes, y hasta las funerarias para los casos en que no se pueda recuperar la vida.

 No es posible que una industria social tan importante no tenga un Consejo de Administración con personas de alta calidad en conocimientos gerenciales y administrativos,  que sean las que designen al Director Médico y al Director Administrativo entre otras, y aún se continúe nombrando a estos funcionarios por política, muchas veces sin tener en cuenta la hoja de vida y la honradez de quien ocupará estos cargos tan importantes.

 El Sistema Nacional de Salud no aguanta más que si siga con estas prácticas. Debe iniciarse ya con los presupuestos hospitalarios  por capitación para atender a las personas con el principio de responsabilidad compartida. Entendiéndose como tal, la correcta atención de los pacientes para ni gastar menos, pero tampoco más en cuanto a procedimientos y días estancia con la finalidad de hacer racional el gasto en salud.

En caso de negligencia por parte de la institución, carga ésta con la responsabilidad y si hay eficiencia también se beneficia del superávit. Para eso, hay que hacer contratos de gestión con las Aseguradoras de Riesgo de Salud –ARS- públicas y privadas.

No es posible continuar con funcionarios de hospitales que tengan nóminas fantasmas,  simplemente para beneficio de ellos y de  funcionarios de más altos niveles que ellos, para entre otras necesidades, proyectos políticos personales en el futuro.

No es posible que no haya rendición de cuentas con el dinero que ingresa por concepto de las ARS.

No es posible que los funcionarios de esos centros asistenciales hagan la compra de sus hogares y el pago de su empleomanía doméstica con los recursos del hospital y que cobren comisiones por la compra de insumos para el hospital.

Observamos a diario cómo algunos administradores y directores llegan a un establecimiento hospitalario como personas modestas y al poco tiempo nos enteramos de compra de residencias no acorde a sus salarios e ingresos, al igual que vehículos de lujo sin el menor sonrojo.

Es hora de cumplir con la ley general de salud y la de seguridad social, además de hacer lo que nunca se ha hecho.