La era actual que atraviesa la humanidad se caracteriza a nivel global, como las anteriores, por la ambición de dominio de las naciones que les toca desempeñar el rol de primeras potencias.

Pero hoy, quizás más que en otras épocas, ante la apertura hacia la globalización, la actividad económica cobra más importancia en ese juego de poder.

Las grandes naciones, con ayuda de los nuevos descubrimientos tecnológicos, elevan su producción agropecuaria e industrial y aplican, al mismo tiempo, métodos mercadológicos que les permiten multiplicar sus ventas.

Las naciones pequeñas deben planificar su producción y sus ventas, así como la educación de su población, el aprovechamiento de sus recursos naturales… para asegurar un proceso de desarrollo estable y creciente.

Tal propósito no es fácil de alcanzar, en vista de la competencia a que tienen que hacer frente, tanto ante las naciones grandes como a las medianas y pequeñas, compelidas a competir en condiciones muchas veces desfavorables, por la influencia de las grandes economías con los organismos internacionales, encargados de regular las normas de comercio y ante sus maneras de cumplir los acuerdos de los tratados de comercio que se establecen.

Frente a estas perspectivas, un país pequeño, como la República Dominicana, debe afrontar en absoluta unidad de su población, de sus organizaciones políticas, económicas y sociales, los retos que le impone el desarrollo socioeconómico e institucional.

Es imprescindible lograr un consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales, para encauzar el país por vías de progreso más seguras que las que actualmente vive.

Hay que lograr acuerdos en política global frente a Estados Unidos, Canadá, Europa, Haití, el Caribe, Centro y Sur América. ¿Cómo debe actuar el país frente a esas economías? ¿Cuál debe ser y cómo debe aplicar su política de migración? Y, en el ámbito local, definir las prioridades de inversión en alimentación, educación, salud, energía, dotación de agua potable, transporte, desagüe, etc. Prioridad de las infraestructuras, carreteras, caminos, calles de las ciudades, agua para riego, presas, canales, puertos, aeropuertos…

Políticas y medidas para mejorar la seguridad de la población y para disminuir el lavado de activos.

Decidir las políticas financiera, monetaria y del tipo de cambio, para que éstas no restrinjan, sino que faciliten, el crecimiento económico.

Acordar la prioridad de los mega-proyectos, como el de tren Santo Domingo-Santiago-Manzanillo. Y trazar las políticas de desarrollo de las megalópolis y de las regiones: Santo Domingo, Santiago, el Cibao, la Línea Noroeste, la Frontera, el Este y el Sur y Suroeste.

Unificar criterios en relación con el mar territorial y la defensa de la soberanía nacional.

Estas políticas, planes y proyectos, así como los que surjan fruto del consejo, tienen que ser ejecutados por el partido que llegue al poder, sea cual sea.

¿Incluirá el Plan de Desarrollo a 20 años que propugna el Gobierno todos estos aspectos? Si es así, deber ser apoyado, de lo contrario debería reformularse, porque la encrucijada que atraviesa el país así lo requiere.