Resulta curioso que, a pesar de que todas las fuerzas políticas y sociales dominicanas, en una u otra medida, reclaman una mayor democratización del Estado y sus instituciones, casi nadie ha sugerido la instauración del sistema de jurado para el conocimiento de las causas penales en nuestros tribunales.

Y decimos que es curioso porque precisamente, como los jueces no son electos popularmente y gozan de inamovilidad en el ejercicio de sus funciones, su déficit de legitimidad democrática debe ser compensado mediante la participación ciudadana no solo en la selección, control y rendición de cuentas de los miembros de la judicatura, sino fundamentalmente a través de la propia participación de la ciudadanía en la resolución de las causas.

Para muchos, el jurado es una institución ajena a la tradición política y constitucional dominicana, una figura propia del sistema jurídico anglosajón, con la cual estamos familiarizados a través del cine o de casos famosos tratados en la prensa internacional. Pero como bien nos recuerda nuestro gran historiador del Derecho, Wenceslao Vega, el primer Código de procedimiento criminal francés previó el jurado para los juicios criminales y, como tal, pasó a la legislación haitiana que nos rigió desde 1822 hasta 1844. Nuestra primera Constitución consagró el jurado y sucesivas leyes de 1852 y 1857 regularon la institución, presente en la legislación francesa que nos regía, hasta que finalmente un decreto del Presidente Pedro Santana la derogó.

El hecho de que nos hayamos apartado de Francia en lo que respecta al jurado demuestra que los dominicanos importamos de aquel país solo aquellas instituciones jurídicas que no chocaban con el autoritarismo vigente en la República Dominicana y dejamos engavetadas las que propiciaban un régimen liberal y democrático y la garantía de los derechos fundamentales. Quizás un jurado hubiese evitado la ejecución sumaria de Francisco del Rosario Sánchez, de María Trinidad Sánchez y de otros grandes héroes republicanos. Quién sabe. Pero lo cierto es que el jurado es, para decirlo con las palabras de nuestro Eugenio María de Hostos, “uno de los órganos que más vigor puede dar al cuerpo judicial y más eficacia a la justicia organizada”.

¿Por qué es preferible el jurado al juez profesional? El propio Hostos lo explica: “el juzgar de un hecho y de las circunstancias y accidentes de ese hecho, es más fácil para el común de los hombres que para el hombre consagrado al ministerio de la ley y dotado del carácter impasible de la ley por sus hábitos mentales, volitivos y afectivos (…) Pocos o muchos funcionarios de la vida (…), ignorantes de la ley, y conociéndose hombres como son los hombres, (tendrán) más miedo a su conciencia que a la ley y más horror a la condenación de un inocente que el delito.

Empleados en juzgar un hecho, afirman o niegan con toda la ingenuidad de su razón y con toda la benevolencia de su conciencia, unas veces apiadados del hecho, otras veces lastimados del mal que la sociedad ha sufrido con el hecho. Terminado el juicio, esos jueces tomados de entre las clases todas de la sociedad, vuelven apaciblemente a su hogar”. Si creemos que la República Dominicana debe ser una democracia y una república, entonces no nos queda otro camino que abogar por el jurado.

Como institución política, el jurado es expresión directa de la soberanía popular, como lo es el sufragio universal. Ya lo dice  Demian Zeyat: “el jurado ubica el real control de la sociedad en las manos de los gobernados, o en una porción de los gobernados, y no en las de los gobernantes”. No por azar los detentadores del poder, sean jueces o no, se oponen al jurado. Quienes defienden la democracia participativa y la participación ciudadana deben admitir que no hay mecanismo que fomente más la participación del pueblo que el jurado, concreción del principio republicano del autogobierno.

Por eso, un verdadero constitucionalismo popular y una real izquierda lucharían sin descanso por el jurado. Solo quien desconfía de la sociedad y de las clases populares puede oponerse al jurado. ¡Abajo el elitismo judicial! Llegó la hora de permitir a los ciudadanos ser parte del autogobierno. Sólo así tendremos justicia efectiva y plena ciudadanía.