Necesidad

Necesidad

La tecnificación de nuestros medios de investigación es una necesidad que ha sido invocada desde mucho tiempo atrás, contando, inclusive, al menos un intento en esa dirección durante el trunco período de mandato del extinto profesor Juan Bosch.

Esa necesidad debe ser satisfecha por cualquiera de los medios posibles, ya sea mediante la creación de una Policía Técnica Judicial (PTJ), como existe en Venezuela y como se intentó establecer aquí, o por medio de una profunda transformación de la Policía Nacional.

El procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, tocó este tema este miércoles, cuando compareció como invitado al almuerzo semanal de los  medios de comunicación del Grupo Corripio.

En realidad el país necesita lograr estándares cualitativos más elevados en materia de investigación criminal para poder contrarrestar la indudable tecnificación de la delincuencia, que se agencia medios cada vez más sofisticados para sus actividades.

Un buen paso en la dirección señalada por el fiscal sería intensificar la preparación de los actuales investigadores de la Policía e ir incorporando a ese organismo personal con aptitudes y calificaciones suficientes como para ser entrenados como investigadores en todas las ramas de la criminalística y en el conocimiento cabal y profundo del Código Procesal Penal.

La realidad es que el país requiere adentrarse en los tiempos modernos y actualizarse en investigación criminal para poder hacerle frente con posibilidades de éxito al desafío que representa el crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas, que es uno de los más agobiantes precursores de crímenes y delitos.

La verdad es que necesitamos avanzar y mejorar en esta materia, sea con Policía Técnica Judicial o con Policía Nacional reformada.

Esperanzador

El director de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), Ramón Ventura Camejo, ha hecho un anuncio alentador al afirmar que será modificada y corregida la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Una de las fallas más graves de esta ley que se procura corregir con la modificación es el hecho de que no establece concursos de oposición para las funciones públicas como requisito previo al disfrute de los beneficios de la misma ley. En su modalidad actual, deja la función pública a merced del amiguismo o el «compañerismo» político.

No tiene justificación el hecho de que en catorce años de aflicción de esta ley, solamente un 10% de los servidores públicos hayan sido incorporados a sus beneficios.

Tampoco es justificable que las contrataciones de servidores públicos no estén sujetas al rigor de concursos de oposición que permitan hacer la selección más provechosa para el Estado en función de las destrezas de los concursantes. Realmente es alentador que se trabaje en la corrección de estos entuertos.

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