La falta de pago es el peor enemigo del sector eléctrico. Es un multiplicador de costos en todos los sentidos. Si los usuarios no pagan la energía que usan, las finanzas de los distribuidores se resienten y al no poder pagar a los generadores, éstos también resultan perjudicados. Si es el Gobierno el que se atrasa en el pago del subsidio o de la energía consumida por la administración pública, el efecto es similar porque obliga a los actores del mercado a financiar parte de sus operaciones con dinero prestado con carga de intereses. Todo esto hace que el sector sea menos eficiente y la energía más costosa, aparte de que desestimula la inversión.

De ahí que la recuperación del sector eléctrico depende en gran medida de la eficiencia y puntualidad en las cobranzas. No es que este aspecto administrativo sea la cura mágica de todos los males, pero no hay duda de  que es la única garantía para estimular la inversión necesaria en actualización y  conversión de plantas, mejora de la distribución y de los procesos administrativos. La resistencia al pago y los atrasos dan lugar a interrupciones de servicio que pesan fuertemente sobre los costos de la industria y el comercio, que se ven obligados a abastecerse con plantas auxiliares generalmente de bajo rendimiento. Y pesan también   sobre la factura petrolera del país. El cobro de la energía es parte de la médula de las necesidades del sector.

Violencia en las protestas

La autoridad debe agotar todos los recursos posibles para evitar el uso de armas letales en  protestas callejeras. El miércoles, en San Juan de la Maguana, fue muerto a balazos por una patrulla policial Jochy Starling Estévez Medina, de 30 años, y ayer jueves en Cotuí fue muerto de un cartuchazo Angelo Cabeza Marmolejos, de 20 años de edad. En ambos casos, en medio de protestas callejeras por los apagones, además resultaron varias personas heridas.

Se supone  que los policías antimotines están entrenados para controlar este tipo de situación sin necesidad de disparar a matar. Hay testimonios, en el caso de Cotuí, de que los policías penetraron hasta la casa del joven y allí le dispararon, a él y a otras personas que resultaron con heridas de perdigón. La vía rápida del gatillo es un método que tiene que ser erradicado. No hay manera de justificar estas y otras muertes bajo circunstancias parecidas. Hay que ponerle fin a esta práctica.