ALEJANDRO HERRERA CATALINO 
Hasta hace poco muchos países habían seguido el espíritu de las primeras doctrinas del estado y por eso creyeron que estos podrían ser mucho mas fuertes si intervenían de manera decisiva en la provisión de bienes o servicios o si aseguraban un tamaño en la economía superior al sector privado. Al parecer esa ideología fue desterrada del mundo industrializado a partir del llamado consenso de Washington y, en los países en desarrollo, en cierta forma matizada a partir de las reformas estructurales de los noventas promovidas por el FMI y el Banco Mundial.

Estos vientos llegaron a nuestro país a través del proceso de privatización y capitalización de empresas publicas a partir del 1997. Resultado del mismo fueron transferidas, parcial o totalmente, las empresas del consorcio público CORDE, la CDE, CDA, los aeropuertos AILA y el Gregorio Luperón, etc.

La evaluación de los resultados de este proceso ha indicado avances positivos en cuanto a la eficiencia de los servicios privatizados en escasas excepciones como el de los aeropuertos, y atrasos a través de la descapitalización y depreciación del valor de los activos de las ex CORDE, contrarreformas en el caso de las Edes, e ineficiencia en la gestión privada de las empresas del sector generador de electricidad y de transporte público.

En tanto, la evaluación a la gestión pública de las empresas que aún permanecen en manos del gobierno indica que sin haber mejorado siguen requiriendo mucho mas recursos en términos marginales. Por ejemplo, la inversión en los servicios de salud pública hoy son mayores por paciente y el suministro de medicamentos ha sido prácticamente privatizado porque cada paciente tiene que comprarlo. Por igual la inversión en educación publica por cada alumno. Ni decir del servicio de agua potable donde hasta en el hogar mas humilde se compra “agua procesada” a pesar de ser de igual o peor calidad a la ofrecida por el servicio público. Y ni siquiera hablar de la inversión en seguridad ciudadana donde se registra el indicador mas bajo de eficiencia dado que la inversión del estado se ha elevado a niveles infinitos tanto por el incremento de los servicios privados como por las perturbaciones sociales generadas. En lo relativo a la justicia y el sistema carcelario, son bastante reveladores con las lamentables tragedias en las cárceles de la Vega, Higüey y el cúmulo de presos preventivos. 

Ese cuestionado desempeño de la gestión pública viene también a ser sustentado por el Banco Mundial, organismo que apadrinó la implementación de esas reformas estructurales para fortalecer a la gestión del estado, en el reciente informe de Daniel Kaufmann que comprende el período 1996-2004 y abarca a 209 países en el marco de la estimación de los grados de gobernabilidad política y desarrollo económico. De acuerdo a este estudio, los indicadores de la República Dominicana registran un deterioro hacia los niveles negativo en el rango de variación de la estabilidad política, efectividad de la gobernabilidad, efectividad o calidad de las regulaciones, estado de derecho y control de la corrupción.

De estos indicadores se puede concluir que las reformas estructurales han sido un rotundo fracaso en la República Dominicana al no haber hecho posible la construcción de un estado fuerte; más bien el estado se torna hoy mucho mas pequeño, débil, con una lamentable tendencia hacia un estado de fuerza. Dos posibles explicaciones son:

Primero, la excesiva discrecionalidad que sigue gozando el gobierno en la utilización del gasto público no ha evitado su descenso en relación a la eficiencia de la gestión pública, ni a evitar su uso para capturar ventajas de grupos privados en contra de la mayoría y, mucho menos, a evitar lo que Mancur Olsen llama, en su libro The Rise and Decline of Nations, la “esclerosis grupal”

Segundo, porque todavía seguimos hablando de ajustes, cuando los implementados y los que se proyectan implementar en una urgente reforma tributaria a quienes afectan es a los que mas restricciones han padecido debido al deterioro de los indicadores estimados en el estudio de Kaufmann.

Como reflexión final se resalta que ante los actuales momentos de crisis, la existencia de un estado pequeño y débil en la República Dominicana debe motivar, tanto a la clase gobernante como a los de la oposición a aprobar reformas que busquen fortalecer a la gestión pública como mecanismo efectivo para iniciar la construcción de un estado fuerte.