JOSÉ ENRIQUE BÁEZ UREÑA
El título de este artículo no sólo lleva implícito una propuesta, sino que además, confirma la ausencia de algo tan vital para el Estado como lo es la definición y aplicación de una política forestal, que visualice nuestro norte como nación en lo que respecta a la preservación, protección, manejo y aprovechamiento integral de los ecosistemas forestales y su biodiversidad asociada.
Como nación y Estado supuestamente independiente y soberano hemos transitado gran parte del siglo XIX, todo el siglo XX, y ya dejamos atrás un lustro del siglo XXI, sin que hasta la fecha alguien pueda afirmar y demostrar que sabemos lo que queremos en materia forestal.
Esta es en síntesis nuestra realidad sobre la situación actual del sector forestal en la República Dominicana.
Cada año se preparan en nuestro país decenas de informes, en los que nos esforzamos por maquillar una realidad insostenible; para de esta manera seguir «cumpliendo» con los términos de cuantos acuerdos, tratados, convenios y protocolos hemos firmado como Estado, y así poder seguir recibiendo las migajas de la cooperación internacional a través de consultores, técnicos, cooperantes y «donaciones» económicas, que reportan el éxito de un proyecto de dos años en diversas publicaciones lujosas, pero que nunca reportan el fracaso estrepitoso de ese mismo proyecto un año después de haberse terminado los fondos y la cooperación técnica para dicho proyecto. La contrapartida local nunca llegó; algo falló; ese proyecto no tenía dolientes; es que fue ejecutado por el gobierno pasado, etc., etc.
Las conclusiones y excusas se niegan a tocar la raíz del problema. Es mejor seguir haciendo cursos, talleres, seminarios, simposios, congresos, cumbres y demás encuentros en hoteles de lujo, con todo pago y de paso un paseíto fuera del país, que enfrentarnos a la difícil realidad de proponer, promover y reclamar la definición y aplicación de una política de Estado que propicie el alcance de un estadio de prosperidad y bienestar nacional colectivo en base a una cultura de satisfacción material y espiritual de las necesidades de la sociedad acorde con la disponibilidad de la naturaleza en condiciones de estabilidad ecológica permanente.
En el caso específico del sector forestal y los recursos naturales en general, (es obvio que lo propio se requiere en todos los demás sectores de la sociedad), la necesidad de una política de Estado es una tarea pendiente y urgente si queremos garantizar a futuro la base biológica de nuestra existencia social.
Nuestro pueblo no tiene ni identidad, ni cultura de Estado. Quizás por esta razón a nuestra clase política no le interesa ver, ni ir más allá de un simple y vulgar cuatrienio de promesas. Apuestan y compiten por el desarrollo y crecimiento económico; nunca por el desarrollo y crecimiento humano.
El diseño y aplicación de una política forestal de Estado implica ante todo la definición y adopción de una visión a corto, mediano y a largo plazos sobre la necesidad de preservar, proteger, manejar y aprovechar de manera integral y sostenible nuestros ecosistemas forestales.
El plan de ordenamiento territorial y su estricto cumplimiento es una herramienta vital para garantizar una óptima protección y un manejo sostenible de nuestros bosques.
La definición de metas y objetivos nacionales y regionales, conjuntamente con el diseño de estrategias de desarrollo del sector forestal, y la implementación de programas y proyectos específicos que no se limiten a la gestión de un partido político en particular, complementarían a groso modo las bases fundamentales de lo que podría ser una política forestal de Estado.
Es importante destacar que una política forestal de Estado es algo más que una ley o un simple marco institucional, ya que en su conjugación entran en una dinámica procesal elementos tales como: Misión – visión – principios -metas – objetivos – estrategias – herramientas metodológicas – programas y proyectos, que nos conducen a «una situación deseada con respecto a los bosques en sí mismos y en cuanto a los bienes y servicios que prestan, a efecto de que la serie de relaciones sociales que se dan en torno a su uso, apropiación, manejo, protección y recuperación, constituyan elementos de bienestar social y económico de la población» en general.
Una política forestal de Estado concebida así, facilitaría los procesos de planificación, administración, gestión, ejecución y evaluación permanente del sector en cuestión; y podría al mismo tiempo «convertirse en un instrumento educativo para el fomento de la cultura forestal como elemento estratégico para un mayor crecimiento y desarrollo de la actividad económica forestal, en beneficio de la sociedad».
Finalmente, entiendo que una agenda nacional forestal consensuada y adoptada como política de Estado, (no de gobiernos de turno), en donde se definan los principales retos y horizontes del sector forestal, podría ser un instrumento útil a corto y mediano plazos, para avanzar en la formulación e implementación de nuestra política forestal nacional.