El caso de las setentinueve personas que se hicieron a la mar desafiando la muerte en busca de mejor suerte, y de las cuales solo han sido rescatadas 36, merece ser inscrito como un indicador más del comportamiento de la economía de este país.

A quienes se pasan el tiempo teorizando y manoseando cifras y números, y que tienen en sus manos, en gran medida, la suerte y el porvenir del país, debería servirles el suceso como una escala para valorar la falta de oportunidades a que estamos enfrentados los dominicanos.

Aquí se habla, diaria y abundantemente, de índices de precios, inflación acumulada, devaluación, estanflación y recesión, para solo citar unos pocos de estos términos. Sin embargo, nada de esto parece medir en su absoluta crudeza la falta de oportunidades que impulsa a mucha gente a desafiar, primero, las bravuras del mar y después la posibilidad de una repatriación que terminaría por agravar las calamidades originales.

Teóricamente, no hay disuasivo más elocuente y severo que la expectativa de un naufragio, con todas sus traumáticas secuelas y consecuencias, para hacer arrepentir de sus propósitos a cualquier potencial viajero ilegal. La práctica, como la que nos ocupa en esta ocasión, indica que en el ámbito de las necesidades existenciales no están admitidos los miedos ni las precauciones, la sensatez ni el instinto de supervivencia.

Las migraciones han tenido siempre motivaciones variopintas, a veces incomprensibles desde fuera del ámbito en que se cuecen las causales inherentes a la existencia de los seres y sus sociedades. Por eso entendemos que este éxodo hacia Puerto Rico, que alguna vez en el siglo pasado se produjo en sentido contrario, debe ser oficializado como un indicador del comportamiento local del mercado de oportunidades para la población. Este indicador, nefasto por los dolores que suele acarrear, permitiría, quizás, una planificación más adecuada de la distribución de lo que el Estado es capaz de suplir.

Hay que aspirar, siempre, que nuestra vigilancia de las costas sea cada verz más hermética y efectiva, y por supuesto, menos susceptible a las complicidades e impunidades que permiten que ciertos individuos acumulen abundante reincidencia en la organización de estas travesías. Hace falta mayor drasticidad en el castigo, y endurecerlo en la medida en que las circunstancias lo aconsejen sobre la base de un ejercicio legislativo juicioso.

Mientras llegamos a ese punto, honremos a muestros muertos del turbulento Mar Caribe, que ya son cifras de un nefasto indicador.

Cojeras nuestras  

El Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte han anunciado que multarán contra los conductores que estacionan sus vehículos violando las leyes y ordenanzas.

Se trata de un anuncio de relumbrón que en vez de connotar eficiencia de las autoridades en cuestión, denotan que no se ha estado haciendo lo que manda la ley.

Que sepamos, las leyes de Tránsito y de Ordenamiento Municipal trazan pautas sobre el estacionamiento de vehículos en las vías públicas. ¿Qué estaban haciendo las autoridades, que no aplicaban estos mandatos?