Extendiéndose en repercusiones que ya afectan a casi dos millones de asegurados, el conflicto entre las Administradoras de Riesgos de Salud y el Colegio Médico Dominicano sigue consistiendo en el abandono unilateral de obligaciones contractuales de servicios asistenciales. Inermes, los padres de familia asalariados y sus dependientes permanecen sometidos a trámites por vías inusuales y a más gastos de bolsillo para lograr auxilio por enfermedades que pueden incluir riesgos para la vida en adición a los ineludibles pagos que con la solidaridad de los empleadores nutren los fondos de la Tesorería correspondiente.

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Los médico generales y especialistas son beneficiarios directos de la «tributación» extra a que someten a los pacientes. Una alternativa que impide que su militante desafiliación les prive de un solo centavo y probablemente aumente sus ingresos. Todo a costa de los asegurados desprotegidos de límites tarifarios que acuden a soltarles dinero obligados por las circunstancias para luego ir despavoridos a reclamar compensaciones a las aseguradoras, recargadas de protocolo, para que subsanen el daño que con negación les propinan los profesionales de la salud, usualmente inflexibles con los copagos.

Una embestida a presupuestos familiares débiles per se que viola el derecho constitucional a la salud de la cual deberían proteger a la sociedad los órganos del Poder Ejecutivo y del sistema obligados a velar por los derechos de todos los agentes de la Seguridad Social.