El ineludible alcance integral del proyecto de Código Penal estaría, por lo visto, tronchado por la confrontación entre sectores que gravitan sobre el Congreso Nacional con interpretaciones distintas sobre la vida, vista por unos como determinadamente surgida desde lo germinal, y por otros, como detenible en lo temprano a falta de una plena configuración orgánica en el embarazo.

Una es la verdad desde determinados criterios sobre la existencia humana con ataduras a dogmas. Otra, distanciada de convicciones teológicas, como corresponde a un orden jurídico destinado a todas las formas de pensar, que defiende derechos de la mujer sobre su cuerpo y aboga por una ley antiaborto con opciones para cesar la gestación cuando el salvajismo de la violación sexual, la inviabilidad del ser en cierne, o la vida misma de la madre en potencia se proyecta condenada a perecer.

Abogar por establecer jurídicamente que cualquier mujer pueda optar libremente por la preservación de su existencia tras sufrir alguna imposición por vía de la violencia física o por anormalidades naturales, es también, o quizá más, asumir la defensa de su integridad física y dignidad. La propuesta de causales está colocada en el marco de neutralidad que corresponde en términos legales, pues el Estado dominicano reconoce la libertad de cultos y de conciencia.

Existe en términos legales una lógica y razonable aceptación de excepciones a la norma básica de la inviolabilidad de la vida. Consumaría una violación de derechos a un sector importante de la nación el imponer, aun fuese por votos congresuales, la radical posición contraria a la creación de un Código Penal que urgentemente debe ser actualizado para su efectividad contra el crimen en general, y consecuente con las convicciones de la generalidad de las personas a las que ha de aplicarse, que no están necesariamente encuadradas todas en las doctrinas que promueven el carácter absoluto de una legislación que impida discernir, desde la ciencia y la conciencia del médico, sobre las vidas que sin excepción quedan involucradas en toda concepción.

Sería demasiado alto el precio a pagar por la cerrazón anticausales distanciada de una justa conjugación de pareceres, porque propiciaría y seguiría dando luz verde al aborto clandestino, que causa más muertes que las intervenciones asépticas en quirófanos.

Desde esta dolorosa realidad, el rechazo a la exculpación es anti-vida y anticonstitucional, pues la Carta Magna misma consagra la inviolabilidad de la vida tanto antes como después de nacer, muestra concreta de que fue concebida para delegar en el obstetra la decisión final sobre cuál existencia debe preservar ante dramáticas disyuntivas que obligan a proceder de inmediato en los partos. Cabe conciliar los argumentos extremos que parecen condenar a la República a continuar en la obsolescencia jurídica.

El desencuentro es inaceptable como causa de un atascamiento por un anacronismo que coloca al país entre los escasos Estados del mundo que proscriben la interrupción de embarazos por razones humanitarias. En verdad, ninguna religión es ajena implícitamente, a la aceptación de las causales en casi todas las otras naciones.

Posiciones irreconciliables atascan el Código Penal