WASHINGTON (EFE).- La resistencia de la Casa Blanca a que Condoleezza Rice testifique ante la Comisión que investiga el 11-S ha convertido a la consejera de Seguridad Nacional en el centro de una polémica sobre la lucha antiterrorista en Estados Unidos.

La comisión que investiga los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha pedido que Rice comparezca en público para responder a las acusaciones de que el gobierno de EEUU no dio la prioridad adecuada a la lucha contra el terrorismo antes de los ataques.

Pero Rice, en una entrevista concedida al programa de televisión «60 Minutes», de la cadena CBS, reiteró su negativa a declarar bajo juramento, con el argumento de que hasta ahora ningún consejero de Seguridad Nacional ha testificado ante el Congreso.

La negativa de la alta funcionaria ha suscitado duras críticas contra la Casa Blanca, entre ellas las de familiares de las víctimas de los atentados, que consideran que se trata de un caso de desconsideración.

En este sentido, el miembro de la comisión John Lehman, republicano, opinó que la Casa Blanca está «cometiendo un grave error» al impedir la declaración de Rice y aseguró que el argumento que alega «es una interpretación muy estricta de los poderes del presidente».

Fuentes republicanas indicaron que la Casa Blanca está buscando llegar a algún tipo de compromiso con la Comisión en torno a la polémica.

Una posible solución sería, apuntaron, desclasificar el testimonio presentado por Rice el pasado febrero, cuando declaró en privado y sin prestar juramento ante la Comisión.

En sus declaraciones, Rice indicó que «desde mi punto de vista, nada sería mejor que testificar» pero «es un principio establecido desde hace largo tiempo que los asesores de Seguridad Nacional no declaran ante el Congreso».

La consejera del presidente George W. Bush insistió en que no tiene «nada que ocultar» y que simplemente son razones legales las que le impiden comparecer.

La polémica, que amenaza con afectar la campaña electoral de Bush, no da señales de abatirse desde que hace una semana, y también en el programa «60 Minutes», el ex asesor en materia de terrorismo de la Casa Blanca Richard Clarke, denunciara que para la actual administración la lucha antiterrorista era «importante pero no urgente».

Clarke, quien declaró el pasado miércoles ante la Comisión, ha pedido una amplia desclasificación de los documentos que manejó el gobierno sobre terrorismo antes del 11-S.

Por su parte, destacados congresistas republicanos, como el líder de la mayoría en el Senado, Bill Frist, han acusado al ex alto cargo de contradecirse y han pedido que se desclasifique el testimonio que éste dio hace dos años ante una comisión investigadora del Congreso, en el que, según ellos, alabó el papel del Gobierno en la lucha antiterrorista.

Clarke ha mostrado su disposición a que se haga público ese testimonio, siempre que revele en su integridad.

En los últimos días se han multiplicado los llamamientos para que Rice comparezca en público y bajo juramento ante la comisión. El propio presidente del comité, el ex gobernador de Nueva Jersey, Thomas Kean, republicano, afirmó que ese deseo es «unánime».

«Reconocemos los argumentos (de la Casa Blanca) pero creemos que ante una tragedia de esta magnitud ese tipo de argumento legales quedan, probablemente, de lado», manifestó Kean.

Y según Lehman, Rice «no tiene nada que ocultar y sin embargo esto está creando la impresión entre los estadounidenses de a pie y en todo el mundo que la Casa Blanca y Condoleezza Rice tienen algo que ocultar».