Los US$90 millones que el país ha sido condenado a pagar en litis internacionales por rescisiones unilaterales de contratos, hablan muy mal del desinterés de los funcionarios dominicanos para darle seguimiento a esos compromisos, que terminan de forma onerosa para el país y sus escasos recursos, que deberían dedicarse a otros sectores más vulnerables.
No hay dudas que la concertación de los contratos de administración y de obras civiles y para financiar ciertos proyectos llevaban incluidos la trampa más artera que un gobierno pudiera aceptar sumisamente, ya que los promotores o padrinos, por lo general funcionarios con picardía política y económica, sumergían al país en condiciones que no se podían cumplir, y que al final eran lesivos en todos los órdenes a los intereses nacionales.
Después de la felicidad y las declaraciones ampulosas de la bondad de tales contratos, como aquel de la Sun Land, llegaron las lágrimas y las lamentaciones, quedando en entredicho las reputaciones de muchos funcionarios, que sin dudas fueron salpicados generosamente por quienes tramaron esa estafa a un Estado, que nunca ha tenido quien lo defienda y proteja sus intereses, al menos que sea para el beneficio directo de ellos, tal como se ha visto que ha sucedido y que ahora, el Estado condenado internacionalmente, solo patalea con abogados extranjeros que le esquilmarán hasta el último centavo, y al final, hay que pagar y con muchos intereses al quedar atrapados asando batatas.
¿Cómo se explicaría esa facilidad con que el Estado Dominicano es condenado con tanta frecuencia a pagar indemnizaciones por tantos incumplimientos de contratos? La primera razón es que los funcionarios responsables de darle seguimiento, en todos los aspectos a esos contratos, no lo hacen por varias razones. La principal razón de desinterés es que están más empeñados en sus aspiraciones políticas, y de las otras, es determinar qué ventaja económica pueden sacar con rapidez de esos recursos y de otros que se derivan por el cargo que ostentan.
Así es imposible que los intereses del Estado estén resguardados, quedando a la voluntad de una de las partes, que casi siempre tienen la mala fe como su arma preferida, al menos que sea un organismo internacional acreditado. Con la llegada de esos financiamientos privados hay una chorrera de favores que se pagan generosamente, y los proyectos, presas, carreteras, plantas eléctricas, acueductos, túneles, etcétera, resultan onerosos, y casi con la rescisión obligada para llegar a las calamidades que el país padece al verse pagando fabulosas multas por incumplimiento. Recuérdese lo que ocurrió con aquel contrato de origen mejicano de ICANTROBAS, para construir unos canales en el río Yaque del Norte en la década del 80 del siglo pasado, que su rescisión y multas quizás todavía se están pagando, y forma parte de la carga de la deuda externa.
Esos US$90 millones, que deben ser pagados por rescisiones irregulares de contratos, obligará a la actual administración, que todavía le falta un mes y medio para cumplir su primer año, a cambiar la actitud de los burócratas que se descuidan en sus obligaciones y se excusan con que esperan instrucciones de sus superiores, cuando ellos apenas conocen el departamento adonde han llegado y loprimero que buscan es de dónde sacarán beneficios.
Casi nunca le dan seguimiento firme a esos compromisos, por esa burocracia tan especial, que es pagada muchas veces generosamente por el Estado Dominicano, recuérdese lo que sucede anualmente que al país se le suspende el derecho de voto, tanto en las Naciones Unidas, como en la OEA y en la OIT, donde envían delegaciones multitudinarias, por dilación en el pago de las cuotas anuales por un atraso secular que ya es normal y a la carrera se denuncie en los medios de comunicación y atropelladamente, días antes del inicio de las asambleas, se envía el cheque de abono para recuperar el derecho al voto.