POR STEPHANIE KIRCHGAESSNER
En Nueva York
La adquisición el año pasado de Sequoia, una compañía de máquinas para votar radicada en California, por un grupo con vínculos con Venezuela, ha llamado la atención del comité que preside el Tesoro que se dedica a investigar los acuerdos desde el punto de vista de la seguridad nacional.

La revelación de que el comité sobre inversiones extranjeras, o CFIUS, había mostrado interés en el negocio, y que pudiera iniciar una revisión retroactiva, subraya cuán dramáticamente el proceso de veto de apropiaciones por parte de extranjeros ha cambiado después del furor a comienzos de este año con la aprobación por la administración Bush de la venta de cinco terminales portuarias estadounidenses a una compañía controlada por Dubai.

El Departamento del Tesoro dijo que había establecido contacto con Smartmatic, una subsidiaria privada incorporada de Delaware, de una compañía holandesa que está controlada por Antonio Mugica, un ciudadano venezolano, pero rechazó hacer comentarios sobre si CFIUS estaba revisando el acuerdo.

En los años previos a que la controversia sobre Dubai situaran a CFIUS en el centro de una tormenta política, el panel compuesto por 12 agencias del gobierno por lo general revisaba transacciones que implicaran tecnología de defensa delicada. Pero el clamor por la aprobación del negocio de Dubai, que finalmente lo echó a perder, ha provocado que la administración asuma una posición más dura, en parte, porque está defendiéndose de intentos en el Congreso de darle a los legisladores una mayor supervisión sobre CIFUS.

El Tesoro dijo que había dado pasos para hacer más partícipe al Congreso, incluyendo la notificación a los comités del Congreso cuando se cierren las investigaciones sobre los negocios, y dándole solo a los “funcionarios confirmados por el Senado” la capacidad de descertificar casos de CFIUS. “Se ha producido una serie de cambios en CFIUS. Es un contexto regulador mucho más difícil que hace seis meses”, dice David Marchick, un abogado de Covington Burling que maneja casos de CIFUS.

Todd Malan, quien encabeza la Organización para la Inversión Extranjera, que representa a las subsidiarias norteamericanas de compañías foráneas, dijo del caso Smartmatic que él no podría recordar otra instancia en que CFIUS hubiera contactado una compañía después de completada una transacción, pero que es una señal de un enfoque más flexible sobre la definición de “seguridad nacional”.

 “Para mí todo esto se suma al hecho de que los políticos elegidos deben confiar en que las cosas suceden fuera del contexto legislativo”, dijo el señor Malan. El Tesoro rechazó decir qué estimuló su interés en el negocio de Smartmatic, sin embargo, fue el asunto de una carta a John Snow, el secretario del Tesoro, en mayo, enviada por la congresista Carolyn Maloney, quien apoya una propuesta de la Cámara para afinar el proceso de CFIUS,

“Tener a un gobierno extranjero que invierte, o es propietario de una compañía que suministra las máquinas de votación para las elecciones en EEUU, pudiera generar preocupación sobre la integridad de las elecciones que se realizan empleando esas máquinas”, comentó.

Smartmatic dijo que no había “elemento de propiedad en absoluto” por parte del gobierno venezolano, y que no había presentado su adquisición de Sequoia para una revisión voluntaria, porque el negocio no tenía “aplicaciones militares, de defensa o de seguridad nacional”.

VERSION: IVAN PEREZ CARRION