No recuerdo haber recibido una nota ni una invitación para acompañar a la gente de Hispaniola Pictures y Pinky Pintor para la firma del acuerdo –y que nunca supimos las condiciones del mismo-, que los llevó a hacer juntos la película La Cárcel de la Victoria, pero recuerdo que me sentí muy feliz con la noticia de que tendríamos otra película dominicana y, aún más, con los resultados promisorios de la misma.

Pensaba que íbamos a tener mucho cine dominicano a partir de esta propuesta, y me he sentido sorprendida con el debate público en el que ambos rompen el acuerdo y uno se queja de que le sacaron los pies –con daños económicos de por medio-, y la otra parte se defiende con bases contractuales de lo que se ha denominado como «un golpe de estado».

Según el vicepresidente de la empresa, Mario Pérez, no es cierto que José Enrique Pintor fuera despojado de sus acciones y según éste, sí.

La verdad es que los números y las condiciones de trabajo que manejaron con estricta confidencialidad, debieron seguir manejándose así.

Préstamos personales y préstamos internacionales y acciones de venta y de compra de acciones, sueldos y funciones no son para los medios, porque en principio esto le hace daño a la misma película y a nuestra fe en proyectos futuros a los que los medios –benévolos– les dedicamos horas y horas de trabajo y cientos de páginas y de fotos gratis.