POR SOILA PANIAGUA
El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Mariano Negrón, planteó ayer la necesidad de reformular la ley 28-01 sobre Incentivo al Desarrollo Fronterizo, porque, según dijo, atenta contra empresas establecidas en los parques industriales locales.

Apoyó la modificación de esa ley, que establece exenciones del Impuestos sobre la Renta, el ITBIS y de aranceles, entre otros beneficios para las empresas establecidas en la zona fronteriza, en perjuicio de las empresas que operan en el territorio nacional.

Opina que esa pieza debe ajustarse a niveles que no afectan a las empresas instaladas en todo el territorio nacional, para evitar pérdidas de empleos y otros perjuicios que generan los cierres de negocios.

Afirmó que está comprobado que en la aplicación de la ley 28-01 existen distorsiones en términos práctico que inclusive afectan la libre competencia lo que indica que debe hacérsele un ajuste.

La semana pasada la Cámara de diputados excluyó del Proyecto de Ley de Reforma Fiscal que presentó el Partido de la Liberación Dominicana el conocimiento de la eliminación a la Ley 28-01, sobre desarrollo fronterizo.

En el informe de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de reforma fiscal, se explica que la revisión de la Ley 28-01 se dejó para discutirse fuera del proyecto en cuestión e informó que el tema de la Ley 28-01 se conocerá fuera de la reforma fiscal.

Según Negrón, «hay denuncias de que amparados en esta ley se han venido cometiendo acciones desleales contra sectores empresariales en el país. Nosotros opinamos que no podemos desvestir un santo par vestir a otro», dijo.

Agregó que la modificación debe incluir una reformulación de la pieza, para ajustarla equitativamente a la realidad dominicana  permita el desarrollo normal, tanto de la zona fronteriza, como de las empresas locales.

En ese orden, recientemente los empresarios Rafael Alvarez Crespo y Manuel Roa plantearon que existen numerosos mecanismos que pueden aplicarse para incentivar el desarrollo de las zonas fronterizas, y que no causan competencia desleal, como ocurre con la Ley 28-01, la cual atenta contra la libre competencia.

Mientras  que la Central General de Trabajadores (CGT), en un documento, sugiere al Congreso modificar la Ley 28-01 porque promueve una competencia desleal en contra las empresas que operan fuera de las zonas fronterizas, y advierte que podría perjudicar a los trabajadores, a través de la generación de desempleo.

Una de las quejas de los empresarios es que empresas que operarían en la frontera bajo los beneficios de la Ley 28-01 afectarán a las operan en los parques nacionales que cumplen con el pago de los gravámenes correspondientes.

Las empresas que se instalen con los beneficios de la ley 28-01 estarían exentas de los impuestos sobre la Renta (ISR) y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y de aranceles aduanales.