En los primeros meses del año 2011, mientras el mundo miró con asombro y esperanzas los cambios políticos en los países árabes, otra lucha se produjo en varios países del capitalismo desarrollado. En Estados Unidos, el caso emblemático fue el estado de Wisconsin; en Europa ha sido Grecia.

Antes la crisis fiscal del estado, el gobernador republicano de Wisconsin presentó una ley de presupuesto que incluía fuertes recortes presupuestarios. La medida más controversial fue el aumento del co-pago en las primas de los seguros de salud y pensión de muchos empleados públicos organizados en sindicatos. La ley también incluyó la eliminación del derecho sindical a la negociación colectiva.

Los defensores del proyecto, en su mayoría legisladores republicanos, argumentaron la necesidad de reducir los beneficios para corregir el déficit fiscal. Los empleados mostraron disposición de aceptar el co-pago, pero se opusieron a la eliminación del derecho a la negociación colectiva. El gobierno estatal planteó, por el contrario, que la única manera de enfrentar el problema fiscal era eliminando el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.

Ante la ofensiva republicana, un segmento importante de la población de Wisconsin apoyó el gobierno estatal, porque muchos empleados privados han perdido sus empleos o sus derechos laborales, y ven con recelo a los empleados públicos que aún gozan de protección laboral.

Así, un proyecto de despojo de derechos sociales se convirtió en una confrontación entre segmentos de capas medias y trabajadoras, azuzados por el gobierno estatal.

Detrás de esta confrontación hay también una lucha entre el sector financiero y los trabajadores, porque si un estado es incapaz de saldar sus deudas, pierden dinero los compradores de bonos. Por eso los capitalistas ponen presión para que los estados y las municipalidades organicen sus finanzas y puedan cumplir con sus obligaciones financieras.

Algo parecido, aunque en magnitud nacional, ocurre actualmente en Grecia y otros países de Europa. El déficit fiscal tocó fondo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea y el Banco Central Europeo ponen presión para que los gobiernos impongan austeridad y privatización.

Las protestas no han cesado en los últimos meses en Grecia porque el gobierno de corte socialista toma las mismas medidas que los gobiernos de derecha: recortes presupuestarios, aumento de impuestos directos o indirectos y privatizaciones.

El problema del déficit fiscal y el recetario neoliberal es bien conocido en América Latina. Así comenzó a suceder en los años de 1980 cuando México declaró que no podía pagar su deuda externa. El FMI llegó a México y la región a establecer medidas de ajuste económico para que los gobiernos pudieran pagar sus deudas.

En República Dominicana, el último episodio de ajuste fiscal se produjo hace un par de semanas cuando el Congreso aprobó el paquetazo impositivo para que el FMI libere fondos, de manera que el gobierno pueda aumentar la deuda y pagar parte de ella. ¡Vaya paradoja!

El nuevo capitalismo global en Estados Unidos, Europa, China, América Latina o cualquier otro lugar, se fundamenta en una premisa central: proteger el capital sobre el bienestar laboral. Para los países desarrollados esto significa revertir un siglo de conquistas sociales. Por eso se libran importantes batallas políticas en diversos lugares, aunque en todos, los trabajadores tengan escasas posibilidades de triunfo.

A nivel federal, Estados Unidos ha podido eludir las medidas drásticas de ajuste porque al ser un poder imperial, puede aumentar su deuda y encuentra compradores de bonos en el mercado internacional. Pero en la medida que se agiganta la deuda pública, también el gobierno federal tendrá que reducir subsidios y aumentar impuestos.