El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Haivanjoe NG Cortiñas, observó hoy que los que promueven la modificación constitucional no cuentan con la licencia social y política para hacerla aprobar, lo que a su juicio significa que la intención de cambiarla es solo el propósito de una minoría.

NG Cortiñas señaló que considerando el rechazo de hasta un 71.0 % de la población, medida por varias encuestas a nivel nacional en distintos tiempos, es indicativo de que intentar reformar la Constitución no tiene la aprobación de los ciudadanos y por lo tanto carece de licencia social.

A seguidas, el dirigente político enfatizó que quienes mantienen el interés de modificar la Constitución entran en conflicto con la mayoría ciudadana, «y a eso se le agrega que sus promotores no concitan el apoyo del 67.0 % de los legisladores que se necesitan para aprobarla a nivel del Congreso de la República; por lo que, tampoco cuentan con la licencia política».

Agregó que también todas las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de una nueva modificación constitucional, lo que a su entender representa una razón más para considerar que al no agenciarse el aval de ese tipo de organizaciones, no cuenta con la licencia social requerida.

«La ausencia de licencia social y política para modificar la Constitución se debe a que no se tiene legitimidad, al no contar con la mayoría legislativa para aprobarla, y de lograrla sería solo basada en la compra de voluntades y eso rompe con la ética, al tiempo además, de la falta de credibilidad, ante el hecho de que hubo un compromiso de no volver a modificarla para permitir la reelección consecutiva», enfatizó NG Cortiñas.

Y agregó: «Entonces, en un ambiente social de oposición a una modificación constitucional, intentarlo podría atentar contra la estabilidad democrática y económica de la que disfrutan la mayoría de los dominicanos; de manera que, ante la ausencia de licencia social y política para reformarla, lo razonable y recomendable sería mantener la seguridad jurídica en la República Dominicana».